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Desde el año 2019 profesionales de diversas especialidades del sistema sanitario cubano trabajan en una nueva Ley de Salud Pública, cuyo anteproyecto será sometido a análisis en el primer trimestre del presente año con trabajadores del sector, diputados y población en general.

La propuesta legislativa fortalece el derecho a la terminación voluntaria del embarazo, pues aunque desde la década del 70 se garantiza el acceso a dicha práctica en condiciones seguras, no está enunciado como derecho de manera explícita en la Ley actual.

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Entre los temas novedosos se encuentran la reproducción humana asistida y la gestación solidaria, que además permite el acceso a estos procederes a las familias homoparentales, en concordancia con lo aprobado en el Código de las Familias.

Destaca también el reconocimiento de la eutanasia como el derecho de las personas a una muerte digna, y como una forma de atención y cuidado sanitario mediante un proceder médico.

No obstante, su implementación también requiere de una disposición jurídica de rango superior.

Incorpora los conceptos de Una Salud y de la relación del hombre con el Medio Ambiente, aborda la integración de multidisciplinas, reconoce el aseguramiento económico-financiero planificado de los servicios de salud e introduce postulados contenidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado cubano, según refleja el sitio oficial del Ministerio de Salud Pública.

El equipo de Comunicación del Centro de Educación Sexual (Cenesex) explicó en una entrevista concedida a Cubadebate, que con el objetivo de ofrecer una atención médica con un enfoque de derechos, lo relacionado al consentimiento informado implicará cambios, al tener en cuenta la autonomía progresiva.

El documento establece el derecho de las personas a no ser sometidas sin su consentimiento a exploración, tratamiento o exhibición con fines docentes en cualquier tipo de asistencia médica, incluyendo la ginecológica.

Ratifica a la salud pública como derecho del pueblo, defiende las garantías constitucionales de las personas e introduce la ética y los valores como parte de la formación y el ejercicio de la profesión.

Para la elaboración de la normativa funciona un grupo de trabajo multidisciplinario e intersectorial, el cual incluye 27 representantes de diferentes sectores, organismos de la Administración Central del Estado y organizaciones de masas, lo cual permite contar con mayor diversidad de criterios.

Asimismo, se trabaja en más de 50 normas para adecuarlas a esta legislación una vez aprobada.

La Ley 41 de Salud Pública data de 1983, y resulta necesario actualizarla de acuerdo a los contextos actuales, de manera que se puedan garantizar los derechos refrendados por la vigente Constitución. (Fuente: Prensa Latina).