Desde los primeros momentos de asumir su mandato espurio de la presidencia brasileña, Michel Temer mostró en toda su desnudez una política entreguista que viola los derechos del pueblo brasileño en su conjunto.
Ello explica que a solo horas de la decisión del ex mandatario Luiz Inácio Lula de Silva de aspirar a la presidencia en el 2018 para restablecer la justicia en Brasil, la sede de su Partido de los Trabajadores (PT) en Sao Paulo fue asaltada por gamberros ante la complicidad policial, en tanto Temer restituía a los jefes militares que la traicionada por él Dilma Rousseff había cesado en sus cargos, por complicidad con la oligarquía y otros entes reaccionarios, todos corruptos.
Temer, quien es rechazado por el 70% de la población brasileña, ya presionó para que el ilegal juicio político a la legítima presidenta, Dilma Rousseff, se produzca después de los Juegos Olímpicos.
Al mismo tiempo, el cuarto ministro del gabinete que auspició también renunció como los tres anteriores, envueltos en acusaciones sobre corrupción, produciendo una situación que se le hace difícil de defender hasta la prensa controlada mayoritariamente por la reacción y la desprestigiada Organización de Estados Americanos.
Recordemos que su gabinete no incluye a ninguna mujer ni a afrodescendiente -cuestión que solo había sucedido durante la dictadura militar-, ignorando los derechos de más de la mitad del pueblo brasileño, al tiempo que trató de eliminar al Ministerio de Cultura, aunque sí pudo hacerlo con el de la Mujer, Igualdad Racial y Derechos Humanos; y redujo los fondos destinados a los programas sociales de vivienda, educación y combate a la pobreza.
De acuerdo al Instituto de Investigación Económica Aplicada del Gobierno Federal de Brasil, los hombres blancos, que ocupan la totalidad de los cargos ministeriales del país, representan el 21,9% de la población.
TRASFONDO
Ante el desprestigio de Cunha, el ex jefe de la Cámara de Diputados corrupto y hacedor principal del entuerto contra Dilma, Temer asumió la tarea de liquidar al PT, que en los últimos tiempos ha representado los intereses de las poblaciones que históricamente siempre han sido marginadas.
Deficiencias de algunos funcionarios petistas fueron aprovechadas por los lacayos del Imperio, junto a la crisis económica mundial, que ha golpeado fuertemente a Brasil, y la disgregación de la coalición gubernamental de la mayoría de los partidos que hasta ese momento eran aliados y con los cuales el PT pactó en su momento, en base al principio político de la búsqueda del bien común.
Ya en este portal habíamos comentado que los sonados casos de corrupción de Petrobras fueron bien aprovechados por el Imperio en sus planes de enviar tal bien común -que comprende la participación ciudadana, la cooperación y el respeto a lo derechos humanos- a la basura para imponer la ideología neoliberal, en la que la libertad del ciudadano es sustituida por la de las fuerzas del mercado, el bien común por el bien particular, y la cooperación por la competición.
En esta parafernalia peyorativa se incluye la menos publicitada expulsión de comunidades indígenas de sus territorios para entregarlos a la oligarquía y monopolios extranjeros, así como blindar legalmente cualquier acción que se emprenda contra el latifundismo.
En este contexto, uno de los hechos más recientes fue el desalojo forzoso de familias de la comunidad guaraní kaiowá de Apika’ y de sus tierras ancestrales en el estado de Mato Grosso do Sul para beneficiar a los terratenientes del lugar.
No es una situación nueva, pero con el gobierno golpista se agrava, ya que pone de manifiesto violaciones de los derechos de la población indígena en todo el país, incluidos homicidios, amenazas de muerte, desalojos y riesgo de efectos adversos en la legislación que protege sus derechos territoriales.
Legislación que es pisoteada e ignorada por un gobierno que es de temer, como el de Temer.
Escrito por Arnaldo Musa/Cubasi
