Aunque 123 años y diferentes contextos históricos separan a la Constitución de Jimaguayú del actual proyecto de reforma de la Carta Magna emprendido por Cuba en este 2018, numerosos son los puntos de contacto que relacionan a ambos procesos, claves para el desarrollo del país.

La tradición constitucionalista cubana nació en los campos de batalla, desde 1869, cuando a solo meses del inicio de la Guerra de los Diez Años, los patriotas se reunieron en Guáimaro para otorgarle un estatus legal a la República en Armas, ejemplo que 26 años después siguieron los patriotas de la justa de 1895.

El actual proceso bebió de esa tradición, y a más de un siglo de diferencia, todavía puede verse cómo el pueblo cubano se empeña en defender los mismos valores que los próceres independentistas enarbolaron cuando comenzaron a fraguar los cimientos de la nación.

Así lo explicó a la ACN Fernando Crespo Baró, historiador e investigador de la provincia de Camagüey, territorio donde se gestaron las primeras cartas magnas de la República, para quien la de Jimaguayú, específicamente, tiene el significado especial de haberse firmado donde cayera el Mayor General Ignacio Agramonte, el 11 de mayo de 1873.

Aquella fue una Ley de leyes para tiempo de guerra, donde a diferencia de la de Guáimaro se le otorgó autonomía al mando militar para garantizar el éxito en la campaña, pero en la cual se plasmaron los principios fundamentales de unidad, de vigencia de las ideas independentistas, de soberanía, de forjar un destino propio, y de fundar una democracia verdadera, comentó Crespo.

Trasladándonos hasta nuestro contexto actual, podemos apreciar que esos ideales están vigentes en la esencia del proyecto, ahora en debate popular, y concentrados en la guía de los pensamientos de José Martí y Fidel Castro, líderes indiscutibles del proceso revolucionario cubano, señaló el historiador.

Crespo, quien forma parte de una de las comisiones de análisis que reciben los planteamientos de los camagüeyanos sobre el Proyecto de Constitución, precisó que, inspirado en esos valores, el pueblo está haciendo sus aportes, enriqueciendo el documento y engrandeciendo mediante ese acto la vida material y espiritual de la nación.

El 13 de septiembre de 1895 comenzó la Asamblea Constituyente, y el 16 se firmó la Carta Magna, que estableció un Consejo de Gobierno integrado por seis personas que aunaban los poderes ejecutivo y legislativo, sin interferir en el aparato militar.

Tuvo una vigencia de solo dos años, pues según se recogió en su propio Artículo 24, concluido ese período y si la guerra no terminaba antes, se convocaría otra vez a la Asamblea de Representantes que podría modificar la Constitución y proceder a la elección de un nuevo Consejo de Gobierno y a la censura del saliente.