Caracas, 3 ago (RHC) El gobierno venezolano continúa el desarrollo de acciones para garantizar la paz y azuzar el crecimiento económico del país, que contrastan con el proceder desestabilizador e inconstitucional de la derecha que es mayoritaria en la Asamblea Nacional (AN).

Este miércoles acapara la atención mediática la reciente declaración del presidente venezolano, Nicolás Maduro, acerca de la posibilidad de interrumpir la emisión de capitales al Parlamento (de mayoría opositora), por violar la constitución y desacatar de manera continuada las decisiones del poder judicial.

De esta manera, se refirió al fraude cometido en el proceso para activar el referendo revocatorio y a la juramentación como diputados de tres candidatos de Amazonas, vetados por una sentencia cautelar del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en virtud de irregularidades en las elecciones parlamentarias de diciembre pasado.

La víspera, durante la emisión 62 del programa En contacto con Maduro, trasmitido por Venezolana de Televisión, el jefe de Estado declaró que solicitó asesoramiento legal para adoptar una posición definitiva al respecto.

Inicié una consulta con la Contraloría General y el TSJ, porque como jefe de la Hacienda Pública Nacional, no debo depositar recursos en una Asamblea que actúa al margen de la Ley, anunció.

Ni un centavo va a ir para allá (si la Constitución lo permite), no me va a temblar el pulso, los recursos públicos deben utilizarse para el bienestar colectivo, no para instituciones que desacatan las legislaciones e irrespetan al pueblo, aseguró.

Maduro aclaró que, en cualquier circunstancia, los trabajadores recibirían sus salarios por medio de un depósito directo, porque no son responsables de los despropósitos del presidente de la AN, Henry Ramos Allup, y se les garantizará todos sus derechos.

Si bien este contexto de tensión entre los principales actores políticos de la nación suramericana está en rojo en las agendas de los medios de comunicación, en el vórtice de las noticias aparecen también las gestiones gubernamentales para proteger la estabilidad social y superar la actual crisis económica.

En ese sentido, resaltan los nombramientos de dos nuevos ministros en carteras vitales, con el propósito de fortalecer proyectos y programas revolucionarios, con visos socialistas.

El primer mandatario instó a consolidar medidas económicas a favor del pueblo, tras anunciar la designación de Carlos Farías como titular del Ministerio de Industria y Comercio, y de Ricardo Molina para dirigir el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Así, explicó, se establece una dirección más capaz para lograr mayor integración en la dinámica económica y productiva, ejes del modelo que construye el país en sustitución del rentista petrolero (dependencia del precio del crudo en el mercado internacional).

Al respecto, señalo que se avecinan complicados retos a partir de la creación y puesta en funcionamiento de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, dirigida a satisfacer las crecientes demandas de la población de accesos a productos, bienes y servicios.

Desde el teatro Junín, en el centro de esta capital, el también presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela nombró al Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana, Néstor Reverol Torres, como ministro del Interior, Justicia y Paz.

A propósito, comunicó que con Reverol Torres la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) iniciará una nueva etapa en unión cívico-militar, para combatir las bandas criminales del país.

Reverol, con su experiencia, fortalecerá las operaciones de la OLP, para garantizar la paz y trabajar en una patria segura, afirmó.

Asimismo, manifestó que el Gobierno arreciará la lucha contra las bandas militares, el paramilitarismo y las redes de narcotráfico, en medio de una etapa de alto impacto contra el crimen organizado.

Es hora de golpear a todos los jefes de organizaciones criminales que atracan, secuestran y matan a nuestro pueblo a lo largo y ancho del país, sentenció.