Brasilia, 9 ago (RHC) El Senado brasileño se reúne para analizar el informe del parlamentario, Antonio Anastasia, quien está a favor del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, acusada de malversar cuentas públicas.

En la sesión coordinada por el presidente de la Corte Suprema de Brasil, Ricardo Lewandowski, intervendrá cada senador para pronunciarse y de ser aprobado el documento presentado por la oposición el juicio tendrá lugar a finales de este mes.

La apartada presidenta Dilma Rousseff es acusada por la oposición de variar las cuentas públicas de 2014 y 2015, así como por cargar a los bancos del Estado gastos correspondientes al Ejecutivo.

En varias ocasiones expresó la mandataria que el juicio político es una farsa para sacarla del poder a través de un golpe parlamentario lo cual pone en riesgo a todo Brasil porque un Gobierno sin voto no se respeta.

Representantes de instituciones privadas de salud en Brasil recibieron la orientación de trazar las directrices de los denominados "planes populares", estrategia que defiende el gobierno del presidente interino, Michel Temer, para regular el sistema sanitario público.

Ese grupo de trabajo fue constituido por el ministro provisional del sector, Ricardo Barros, y los planes populares en realidad son propuestas de las empresas privadas, señaló al respecto el vicepresidente de la Asociación Brasileña de Medicina Colectiva (Abrasco), Mário Scheffer.

El directivo denunció que, por ejemplo, el Consejo Nacional de Salud -que cuenta con una cámara de representantes para discutir el seguro médico- no está contemplado en esa selección de instituciones.

Esos planes baratos, con coberturas muy reducidas, no son algo nuevo en el país, ni tampoco es bien aceptado por la población, agregó Scheffer.

El vicepresidente de Abrasco alertó que podría regresarse a la época anterior a las reformas en el Sistema Único de Salud (SUS), un período donde la cesta de cobertura era mínima y excluía tratamientos caros como el que reciben los pacientes de cáncer o VIH/Sida.

Las personas que pagan un seguro médico reducido se verán afectados, pero no solo los pacientes, sino también el SUS y sus beneficiarios, así como los propios profesionales de la salud, apuntó Scheffer.