Panamá, 21 ago (PL) El gobierno panameño anunció un acuerdo definitivo sin precedentes con las autoridades indígenas para concluir el polémico Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco (PHBB), que se firmará este lunes en Llano Tugrí, capital de la occidental comarca NgÃñbe Buglé.

'Las partes realizaron esta semana, en la Presidencia de la República, la última ronda de negociaciones que ha permitido llegar a un acuerdo para subsanar las incompatibilidades' generadas por el PHBB, señaló una nota de la Comisión de Alto Nivel por Barro Blanco.

'Se trata de un acuerdo sin precedentes, resultado de un proceso de diálogo consensuado y transparente entre los miembros de esta comisión presidida por la vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo', afirmó el texto.

Aclaró el comunicado que participaron varias instituciones del estado, a nivel ministerial y técnico, además de representantes de la comarca indígena y comunidades aledañas a la hidroeléctrica.

'El acuerdo que se suscribirá este lunes incorpora acuerdos en cuatro ejes: social, ambiental, cultural y económico, y en ellos se incluyen propuestas para atender y subsanar las incompatibilidades planteadas en la mesa de diálogo', aseveró.

Al conocer sobre el pacto, sectores indígenas contrarios al mismo iniciaron una movilización para protestar por lo que consideran una traición a su pueblo originario por parte de los firmantes a nombre de los perjudicados.

El líder de la juventud NgÃñbe Buglé, Ricardo Miranda, denunció este sábado que reiniciaron el llenado del embalse de la central eléctrica, lo que provocó inundaciones en una comunidad, cuyos habitantes debieron autoevacuarse.

Uno de los argumentos de quienes discrepan es que las autoridades de la etnia son ilegítimas, porque un fallo de la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal el método de su elección, impuesto por el anterior gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Además, señalan los abusos para la construcción de la obra, en coincidencia con Saint Malo, quien reconoció recientemente los incumplimientos reiterados de la empresa ejecutora Generadora del Istmo S.A. (Genisa), por lo que la solución del problema pasa por sacarla del proyecto.

Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) expresó a principios de agosto su preocupación por la paralización del PHBB, la cual pone en peligro la seguridad jurídica de las inversiones y el riesgo que representa para las comunidades, al no terminar las pruebas de la presa, dijo.

Sobre el tema, el diario La Prensa señaló en junio pasado: 'El caso de Barro Blanco demuestra la incapacidad sistémica del Estado de resolver una situación cargada de corrupción, conflicto de intereses y de negligencia', y aseguró que se debió desmantelar el proyecto.

'El Estado está tan sometido a los intereses creados, que la impunidad y la arbitrariedad se convierten en las dos caras de la misma moneda', aseveró un artículo de opinión de un blog que promueve el periódico.