Brasilia, 25 ago (RHC) El Senado Federal de Brasil se erigirá a partir de hoy aquí como órgano judicial para iniciar la última etapa del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, acusada de cometer un presunto delito de responsabilidad.

Las sesiones, que se prevé concluyan el día 31 con la votación final por el apartamiento definitivo, o no, de la suspendida jefa de Estado, serán encabezadas por el titular del Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, como establece la Constitución.

Los primeros testigos en declarar serán los dos convocados por la acusación: el fiscal Julio Marcelo de Oliveira y el auditor Antonio Carlos Costa D'Ávila Carvalho Júnior, ambos del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), señala Prensa Latina.

Una vez concluyan estos, serán escuchados los seis testigos de la defensa para concluir esta fase entre viernes y sábado; aunque no se descarta que de prolongarse las testificaciones la sesión se extienda incluso hasta el domingo.

El lunes 29 comparecerá ante el plenario del Senado la Presidenta, quien asumirá su defensa y podrá realizar un alegato inicial de 30 minutos, prorrogable a criterio del titular del STF. Cada senador dispondrá de cinco minutos para interrogar a la primera mandataria, quien podrá o no responder las preguntas que le formulen. Con posterioridad comenzará la discusión del caso con la intervención de la parte acusadora, luego la defensa y posteriormente cada uno de los 81 senadores, por un lapso de hasta 10 minutos cada uno.

Una vez finalizada esta etapa, Lewandowski leerá el relatorio resumido con los elementos aportados por las partes, antes de conceder la palabra -por cinco minutos- a dos senadores favorables al apartamiento definitivo de Rousseff y a dos contrarios a esa decisión.

Por último, se prevé que el día 31 se realice la votación nominal electrónica en la que cada miembro del Senado Federal solo deberá responder sí o no a la pregunta de si considera que Dilma Rousseff violó la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Rousseff fue separada temporalmente de su cargo el 12 de mayo, después que el pleno senatorial aceptara la denuncia presentada contra ella por la emisión de tres decretos de suplementación presupuestaria y las llamadas pedaladas fiscales, y resolviera someterla a juicio político.

En una declaración por escrito presentada el 6 de julio pasado ante la Comisión Procesal de Impeachment de la Cámara alta, Dilma rechazó la acusación que consideró como 'fuera de lugar, inaceptable y profundamente injusta'.

Nunca, en ningún país democrático, el mandato legítimo de un presidente fue interrumpido por actos de rutina de gestión presupuestaria, subrayó la dignataria, quien ha reiterado que de consumarse su separación definitiva del cargo Brasil estaría en presencia de un inequívoco golpe (de Estado) seguido de elección indirecta.

Para que el mandato de Rousseff sea interrumpido se requerirá del apoyo de la mayoría calificada del pleno senatorial (54 votos). En tal caso, el mandatario en funciones Michel Temer permanecerá en ese puesto hasta el 1 de enero de 2019.

Si por el contrario más de 27 senadores votaran por restituir el mandato a Dilma, ésta reasumiría la jefatura del Estado una vez sea publicada la sentencia absolutoria.