La Paz, 28 ago (RHC-PL) El uso de cooperativas por parte de empresas trasnacionales para intentar privatizar y controlar los recursos mineros de Bolivia es el verdadero trasfondo de las recientes protestas violentas, afirmó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

El titular expresó que el asesinato del viceministro de Régimen Interior y Policía Rodolfo Illanes se inscribe dentro de una movilización conspirativa y golpista dirigida a afectar a la institucionalidad del Estado y restituir el régimen de privatización de los recursos naturales.

Precisó que los hechos requirieron tiempo, preparación, logística, recursos económicos; causaron enormes daños, la muerte de civiles y el asesinato de un funcionario.  

En una intervención televisiva especial, el titular de Gobierno realizó un análisis pormenorizado del origen del conflicto con cooperativistas mineros, aportando pruebas de la falta de voluntad de diálogo por parte del sector, pese a los reiterados llamados a la negociación de las autoridades.
 

Asimismo precisó que esos hechos hay que esclarecerlos en el ámbito jurisdiccional.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero recordó que mucho antes de firmarse la actual Ley de Minería, algunas cooperativas mineras ya habían suscrito 31 contratos con empresas privadas, algo que no encaja con la Constitución Política del Estado aprobada en referendo y que en su artículo 370 aclara que el único que puede suscribir contratos de asociación es el Estado, subrayó.

La minería es la segunda industria de extracción de Bolivia. Con más de medio centenar de tipos de minerales, el país sobresale por la extracción de estaño, plata, cobre, tungsteno, antimonio, zinc, oro, piedras preciosas como la bolivianita -piedra única en el mundo-, y las mayores reservas de litio del planeta.