Bogotá, 9 sep (RHC) Cecilia Coicue, propietaria de la Vereda la Cominera, fue asesinada en el lugar donde se concentrarán los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) en Corinto, Cauca, para hacer entrega de las armas y afinan todos los detalles de su reincorporación a la vida civil.

Coicue apareció muerta con múltiples heridas de arma blanca. Su cuerpo fue llevado a una funeraria de la ciudad del municipio, pero al lugar no se habían acercado ningún funcionario de policía judicial, reporta Telesur.

La mujer asesinada era una activista social. Además de ser miembro del Movimiento Marcha Patriótica, también formaba parte de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Zona de Reserva Campesina del Municipio de Corinto (Astrazonac), de la Federacion Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), y del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC).

El secretariado de las FARC-EP rechazó por medio de un comunicado el asesinato de Coicué, dirigente social del municipio de Corinto – Cauca, militante de Marcha Patriótica.

“Su asesinato, ocurrido el pasado 6 de septiembre, en momentos en que Cecilia se encontraba en su predio, constituye una pésima señal de confianza en el desarrollo de la construcción de paz en los territorios. Estos hechos ocurren mientras avanzamos hacia la puesta en marcha de todos los dispositivos del cese bilateral y la normalización de los territorios”, relata la misiva.

La insurgencia afirma que, no se podrá hacer realidad la paz estable y duradera si persiste el asesinato selectivo de líderes cívicos y populares.

“Estos hechos demuestran que es urgente la implementación inmediata en los territorios de las medidas acordadas en el punto Garantías de Seguridad del Acuerdo Final”.

En entrevista para teleSUR, Carlos Medinas Gallego, politólogo, docente de la Universidad Nacional, expertos en temas de conflicto, señaló que la muerte de Coicue es una “desafortunada situación” que no pueden seguir ocurriendo, menos en los momento en que se encuentra el proceso de paz, mucho menos en regiones tan cercanas a los escenarios fundamentales de localización transitoria de los miembros de la FARC-EP.

“El país entero tiene que repudiar este tipo de crímenes que no se pueden seguir presentando sobre líderes destacados del movimiento social, del movimiento rural y campesino, del movimiento indígena porque mandan una mala señal hacia el futuro”, lamentó Medinas.

En este sentido instó al Gobierno y a la fuerza pública a que despliegue toda la inteligencia necesaria para capturar y castigar a todos los responsables de asesinatos de los líderes sindicales, sociales, políticos, “porque de los contrario las angustias en que se ve envuelto este proceso (de diálogo de paz) hacia el futuro son cada vez mayores”, concluyó.

“Hay que parar todo tipo de criminalización (…) provenga de donde provenga, provenga del Estado, provenga de los grupos paramilitares en este territorio, provengan de quienes piensan sabotear los procesos de paz y miran en el cuerpo social y en sus dirigentes un blanco fácil para cometer asesinas como que se hizo en la persona”, fue el mensaje central del analista.

Coicue era una campesina e indígena propietaria de una finca que tiene aproximadamente 72 hectáreas. Allí está proyectada la ubicación de uno de los ochos puntos transitorios de normalización, que según lo acordado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, se utilizarán para que el grupo insurgente se concentren.

En estos campamentos, además de las 23 zonas de concentración, la comisión de verificación tripartita conformada por miembros de la delegación del Ejecutivo, de la FARC-EP y de la Organización de las Naciones Unidas, realizarán el monitoreo y verificación del proceso de dejación de armas.