Brasilia, 19 sep (RHC) El juez federal Sergio Moro debe pronunciarse este lunes sobre la denuncia contra el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva presentada por fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato, quienes admitieron no tener pruebas sino convicciones.

 Moro contaba con un plazo de cinco días para decidir si aceptaba o no la acusación por presunta corrupción pasiva y lavado de dinero hecha el pasado miércoles, por lo que - de acuerdo con la oficina de prensa de la Justicia Federal de Paraná - la decisión debe publicarse este lunes.

 La víspera, los abogados de la defensa de Lula, Cristiano Zanin y Roberto Teixeira, dijeron en un comunicado que el titular desplegado en su edición dominical por el diario Folha de Sao Paulo confirmó "inequívocamente que el Ministerio Público Federal (MPF) presentó la denuncia sin ninguna prueba",  

Según la publicación, los fiscales de Lava Jato utilizaron para acusar a Lula información que aparecía solo en el esbozo de una delación premiada hecha por el empresario Leo Pinheiro y que fue recusada por la Procuraduría General de la República.

 Salta a los ojos que los suscriptores de la denuncia, ante la falta de cualquier base jurídica para sustentar una acusación contra Lula, buscaron por medio de un grosero espectáculo de populismo mediático atacar su reputación y condenarlo a través de titulares (en los medios), subraya el texto difundido por Zanin y Texeira.

 En opinión de los abogados defensores, "solamente la presencia de un juez imparcial" podría revertir ese escenario de absoluta destrucción del Estado Democrático de Derecho y de rechazo a las garantías fundamentales.

 La defensa del también fundador del Partido de los Trabajadores (PT) solicitó una medida cautelar contra la actuación de los fiscales durante el anuncio de la denuncia contra Lula por entender que estos transgredieron sus deberes funcionales, pero esta fue negada por el Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP).

 El consejero Valter Shuenquener entendió que, antes de emitir una decisión, los procuradores deben proporcionar, en un plazo de 15 días, las aclaraciones que estimen necesarias, indicó la Agencia Brasil.

 Los abogados de Lula sostienen que la acusación lanzada contra el ex mandatario brasileño es eminentemente política y tiene como objetivo evitar que éste sea candidato a la Presidencia de la República en las elecciones de 2018.

 Hay una escena de persecución y, más que eso, una verdadera intención de excluir al expresidente Lula del escenario político y electoral, subrayó Zanin.

 A fines de julio último, Lula presentó una demanda ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, denunciando la cruzada judicial lanzada en su contra y resaltando las violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los abusos de poder por parte del juez Sergio Moro y de los fiscales de Lava Jato.

 Previamente, el Instituto Lula había dado a conocer un documento en el cual sostenía que en más de 40 años de actividad pública, la vida del ex-presidente fue investigada en todos los aspectos: político, fiscal, financiero y personal, sin que "encontraran nada capaz de asociarlo a los desvíos en Petrobras, investigados en la Operación Lava Jato, o cualquier otra ilegalidad".