Panamá, 27 sep (RHC-PL) La Cancillería de Panamá confirmó que solicitó al Gobierno de Estados Unidos la extradición del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), solicitada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por supuesta responsabilidad en delitos de espionaje telefónico.

El expediente lo entregaron ayer en Washington representantes de la misión diplomática panameña en esa nación, después que la CSJ completara la documentación, tras un largo proceso que se inició el 21 de diciembre pasado, cuando el pleno de los magistrados aprobaron la solicitud.

Harry Díaz, magistrado fiscal actuante en el caso, sustentó su propuesta en que existen elementos de convicción suficientes que vinculan al investigado a la comisión de los delitos señalados en el auto acusatorio por supuestamente ordenar la intervención telefónica a once de sus opositores, y la desaparición de los equipos de espionaje.

Por estos motivos la petición es de 21 años de prisión, y la renuencia del acusado a acudir a la audiencia entorpece la marcha de la administración de la justicia, lo que permite colegir que el procesado desatiende el proceso y puede poner en riesgo las evidencias testimoniales, señaló el fiscal en el escrito.

La CSJ solicitó a Interpol (Policía Internacional) la detención preventiva de Martinelli y presentó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) el pedido de extradición a Panamá, tras ausentarse a una audiencia acusatoria en su contra.

La decisión de la Cancillería panameña de entregar el expediente a Estados Unidos, fue demandada ayer mismo por los abogados del exmandatario, quienes presentaron un nuevo recurso de reconsideración, pues desde la entrega de la documentación a la Cancillería, el 26 de mayo pasado, hicieron objeciones que no fueron admitidas.

El MIRE 'resolvió todos los recursos interpuestos por la defensa del señor Martinelli ante la Cancillería, los cuales rechazó de plano por improcedentes, toda vez que ante Cancillería no se surte proceso alguno', aseveró la institución a finales de agosto.

En mayo pasado, la defensa del encartado descalificó la legitimidad de la extradición, porque el procedimiento 'no cumple con los requisitos legales'.

Uno de los argumentos es que el acuerdo de extradición entre ambos países data de 1904 y por no existir en la época, en el mismo no se establecen los delitos tecnológicos, pero el original del pacto señala que se aplicarán las 'leyes vigentes' al momento de hacer la solicitud.

El expresidente enfrenta siete expedientes aprobados por la CSJ, cuyos delitos prevén condenas de 45 a 67 años de cárcel, pero la duda es si Estados Unidos entregará a su antiguo aliado a la justicia panameña.