Bogotá, 3 nov (RHC) La expectativa en torno a un eventual ajuste del pacto suscrito por el gobierno colombiano y las insurgentes FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo crece luego de transcurrir un mes del plebiscito.

Este viernes regresarán a La Habana los voceros gubernamentales en los diálogos con ese movimiento guerrillero para iniciar otra ronda de discusiones sobre las propuestas de los sectores promotores del no en la consulta del pasado 2 de octubre.

Luego de la rúbrica del llamado Acuerdo Final con el que el Ejecutivo y las FARC-EP se comprometieron a terminar un largo conflicto, la mayoría de los participantes en el plebiscito rechazó dicho documento lo que obligó a abrir contextos de debate con los impulsores del voto negativo.

Por otra parte los defensores del no atacan con mayor fuerza la Jurisdicción Especial para la Paz en virtud de la cual serían creadas salas y tribunales para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la conflagración bajo los preceptos de cero impunidad frente a crímenes de lesa humanidad, pero sí beneficios de indultos y amnistías en casos de delitos políticos y conexos.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ordenó continuar las conversaciones con detractores del acuerdo suscrito con las FARC-EP y que un grupo de voceros gubernamentales regresara a Cuba para seguir los diálogos con esa guerrilla.

El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, volverá a La Habana a fin de avanzar en las pláticas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) con vistas a un eventual ajuste del consenso suscrito en Cartagena de Indias, mediante el cual ambas partes se comprometieron a terminar un largo conflicto, precisó el mandatario.

Según una nota de prensa de la Casa de Nariño, Santos dispuso también que el abogado Humberto de la Calle, jefe de los negociadores del Gobierno en ese proceso pacificador, permanezca en esta capital dialogando con los promotores del voto negativo en el pasado plebiscito.

El 26 de septiembre el gobernante y el líder de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, rubricaron el documento conclusivo de cuatro años de debates en la capital cubana, posteriormente venció el No en la consulta del 2 de octubre, concebida para que el pueblo validara con su voto el conjunto de convenios.

Además del cese el fuego bilateral y el desarme de esa guerrilla, el Ejecutivo y dicha organización rebelde consiguieron pactos en temas igualmente medulares como la transformación del campo mediante una reforma rural integral, el combate contra el tráfico ilícito de drogas, la participación en la vida política y la reparación a las víctimas de la conflagración.

Uno de los puntos más criticados del acuerdo es la llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que prevé la creación de tribunales para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la contienda, con premisas como cero impunidad frente a crímenes de lesa humanidad pero sí beneficios como indultos o amnistías en casos de delitos políticos y conexos.

Congresistas, defensores de derechos humanos y otras figuras del escenario político nacional advierten que no debe dilatarse en el tiempo el logro y refrendación de un nuevo pacto, transcurrido un mes del inesperado revés sufrido por los simpatizantes del proceso de paz en el plebiscito.

El jefe de Estado llegó este jueves a Irlanda del Norte, desde donde envió indicaciones sobre la ruta a seguir como parte de las gestiones para salvar las negociaciones FARC-EP, principal movimiento insurgente involucrado en la guerra interna.