Río de Janeiro, 9 nov (RHC) Funcionarios públicos activos y jubilados— fundamentalmente bomberos, agentes penitenciarios y policías—, protestaron este martes durante varias horas en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, ante el plan de ajuste anunciado el pasado viernes por el gobierno local.

Los manifestantes se rebelaron y exigieron frente al Parlamento del Estado de Rio de Janeiro “no al paquete de las maldades” y “no a la cobardía contra los funcionarios públicos activos y jubilados”.

Recortes al presupuesto del país y un mayor respaldo al sector privado, son los fundamentos de la política seguida por el presidente interino de Brasil, Michel Temer, quien ocupó el cargo luego del golpe parlamentario contra Dilma Rousseff.

Entre las medidas de austeridad propuestas por el gobierno de Rio de Janeiro, se establecen recortes en salarios, educación y cultura, con el supuesto objetivo de salir de la quiebra. Entre otros ajustes destacan el descuento de jubilaciones y salarios de funcionarios públicos de hasta el 30 por ciento, el fin de muchos programas sociales, el aumento del boleto de colectivo, la subida de impuestos y la posibilidad de recorrer a los fondos de otros poderes para pagar el sueldo de los funcionarios.

De ser aprobada por la Asamblea Legislativa, la medida entraría en vigor el venidero 1 de enero de 2017.

Los manifestantes demandaron también la comparecencia del gobernador Luiz Fernando Pezão y del presidente del Parlamento de Rio de Janeiro, Jorge Picciani, pertenecientes al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Con los recortes, el gobierno pretende buscar ahorrar unos 8 millones de dólares para aumentar la recaudación fiscal con una inyección extra de 4,1 millones de dólares en 2017 y de 4,6 millones de dólares en 2018.