San Juan, 14 nov (RHC) Los reclamos por la excarcelación del prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera se intensifica tras la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

A través de las redes sociales continúan los pedidos a Barack Obama que antes de concluir su mandato presidencial en enero de 2017 libere a López Rivera de 73 años de edad, quien lleva 35 en prisiones norteñas, 12 de ellos en solitario.

En ese sentido José Rodríguez Irizarry, propulsor de una de varias campañas por la liberación del puertorriqueño decidió crear una petición oficial en el sitio de Internet de la Casa Blanca que si llega a las 100 000 firmas en 30 días demandará una respuesta de la mansión Ejecutiva.

Los puertorriqueños que luchan por la excarcelación de Oscar López Rivera condenado a 55 años de prisión por conspiración sediciosa por su vínculo con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional temen de que si Obama concluye su mandato sin firmar el indulto la liberación del prisionero político resultará no solo más difícil, sino imposible ante la llegada de Donal Trump a la presidencia.

También se divulgó que la junta de control fiscal, de siete miembros e impuesta al gobierno de Puerto Rico mediante legislación federal de Estados Unidos, se reunirá por primera vez aquí antes de que finalice este mes.

El jefe de la policía, José Caldero, reveló que el organismo impuesto mediante la ley Promesa, sesionará próximamente en el territorio nacional después de hacerlo dos veces en Nueva York, donde radican la mayoría de sus integrantes.

Con el objetivo de coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de los visitantes, Caldero precisó que sostuvo reuniones para la contención de las personas que planeen protestas en contra del organismo.

"Estamos trabajando en el plan de seguridad para garantizar los derechos a todos ellos", expresó Caldero López sin precisar la fecha.

Afirmó que la Policía salvaguardará los derechos de los manifestantes.

El jefe policial evadió precisar el lugar y la fecha exacta de la reunión, al indicar que le corresponde a la junta de control fiscal ofrecer esa información a la prensa.

El organismo fue impuesto al gobierno local después de aprobarse a mediados de este año la legislación Promesa, acrónimo en inglés de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico que busca garantizar el pago de la deuda pública de Puerto Rico de 68 mil millones de dólares.

Desde que se anunció la aprobación de la medida, diversos sectores del país han mostrado su resistencia, incluida la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien ha dicho que la retará.