Madrid, 21 nov (RHC) El Tribunal Supremo (TS) de España citó este lunes a declarar como imputada a la senadora Rita Barberá por un presunto delito de blanqueo de capitales cuando era alcaldesa de Valencia por el conservador Partido Popular (PP).

 La justicia indaga a la otrora regidora por supuesto blanqueo de dinero cometido por la agrupación del presidente del Gobierno Mariano Rajoy en el ayuntamiento de esa ciudad mediterránea, donde gobernó durante más de dos décadas, señala Prensa Latina.

 Aforada por su condición de senadora, motivo por el cual solo puede ser juzgada por alto tribunal, Barberá se vio salpicada por la investigación de una trama de corrupción del PP en la Comunidad Valenciana, implicado en una hipotética financiación irregular.

 En una providencia hecha pública hace un mes, el juez del Supremo a cargo de la causa, Cándido Conde, informó que la controvertida exdirigente de la derecha española comparecerá este lunes de manera voluntaria.

 El TS intenta averiguar si tras las aportaciones de mil euros realizadas al PP por personas vinculadas al partido en el consistorio de Valencia hay un delito de blanqueo, así como aclarar el origen del dinero.

 Barberá anunció el 14 de septiembre pasado su desafiliación de la agrupación conservadora ante las presiones tanto del PP como de la oposición, aunque rechazó los pedidos de dimisión de su asiento en el Senado, lo cual impide que sea juzgada por un tribunal ordinario.

 La exalcaldesa es una de las figuras más influyentes y mediáticas de la formación liderada por Rajoy y estuvo al frente de la tercera ciudad de España durante 24 años, hasta que en las elecciones municipales de 2015 fue derrotada por una coalición de partidos de izquierda.

 Su causa forma parte del denominado caso Imelsa -con medio centenar de imputados, incluido el PP como persona jurídica-, que gira en torno a una serie de donaciones recibidas por esa agrupación por parte de personas que ostentaban cargos en el consistorio valenciano.

 Al parecer, esos donativos de concejales y asesores fueron devueltos después por el partido en efectivo (en billetes de 500 euros) para lavar dinero de supuesta procedencia ilícita.