Lima, 21 nov (RHC-PL) Una nueva tregua se sumó a las pactadas por el gobierno peruano ante conflictos sociales, que logra así un respiro en ese erizado terreno, aunque los paréntesis están condicionado a soluciones en plazos definidos.

Vencida la tregua de cinco días dada la semana pasada por las comunidades amazónicas que mantienen una protesta desde el de septiembre, tres ministros consiguieron acordar con más de un centenar de apus (líderes) nativos un cronograma de distensión.

Los indígenas exigen soluciones al problema de los recurrentes derrames de petróleo del oleoducto nor-peruano y compensación por los daños causados a su hábitat por esos desastres ambientales.

Según lo firmado en el fin de semana por los representantes nativos y los ministros de Justicia, Marisol Pérez Tello; Defensa, Mariano González, y Cultura, Jorge Nieto, los apus retornarán mañana a la localidad de Saramurillo, epicentro de la protesta.

En esa población los protestantes, que se comprometieron a mantener abierto el tránsito por el río Marañón, afluente del Amazonas, que bloquearon por más de dos meses, levantarán otras medidas de fuerza, como la toma de instalaciones petroleras, antes del lunes próximo.

Ese días se instalará una comisión de alto nivel que en 15 días tendrá que llegar a acuerdos con las comunidades y que estará presidida por un ministro e integrada por funcionarios de los ministerios de Defensa, Justicia, Salud, Ambiente, Vivienda, Cultura y Energía y Minas, así como la empresa estatal Petroperú.

Participarán representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el parlamento y los municipios de la zona en conflicto y en la etapa final asistirá el primer ministro, Fernando Zavala.

Entretanto, otra tregua, esta vez de 48 horas, dejó sin efecto un paro general de 48 horas convocado por el Frente de Defensa de la provincia de Espinar, en la región surandina de Cusco, para exigir atención a sus demandas de solución a problemas ambientales generados por una mina.

La población exige cumplimiento de un convenio firmado en 2012 con el gobierno del entonces presidente Ollanta Humala, tras la represión policial de una protesta contra la mina, que dejó un saldo de dos muertos.

El titular del frente, Edgar Huaranca, precisó que la pausa para dialogar fue acordada después que el primer ministro Zavala les informó del nombramiento de una comisión para dialogar con el frente, integrada por los ministros de Energía y Minas, Agricultura y Salud.

También están en tregua otros conflictos, como el generado en Machu Picchu Pueblo, punto de acceso a las famosas ruinas de piedra incas del mismo nombre, que exigen mejor trato en el servicio ferroviario que comunica al lugar con la ciudad de Cusco, capital regional, y participación en los beneficios que genera el turismo.

Lo pobladores paralizaron el pueblo durante dos días, la semana pasada, interrumpiendo el servicio de tren, lo que impidió la llegada de miles de turistas al mayor atractivo turístico del país.