Montevideo, 25 nov (RHC) En los últimos 10 meses fueron asesinadas en Uruguay 29 mujeres por violencia doméstica (una cada 13 días) y otras 14 sufrieron intento de homicidio, mientras cada 17 minutos hubo una denuncia, según las más recientes cifras oficiales.
Los datos aportados hoy por el Ministerio del Interior reconocen que este fenómeno lo convierten en el delito más denunciado luego del hurto, al recibirse en ese período 24 mil 454 acusaciones, mil 190 menos que en etapa similar anterior y la primera baja en una década.
La fuente reconoce que 'seguramente las cifras anteriores subestimen la magnitud del problema', porque es sabido que la mayoría de los hechos de violencia doméstica no son denunciados por las víctimas.
Los agresores de homicidios a mujeres en general provienen de quien fuera su pareja o expareja (44,4 por ciento), otro familiar (17,8 por ciento), amigo o conocido de la víctima (13,3 por ciento) y no tenía relación con ella (15,6 por ciento).
Asimismo, entre todos los homicidios a féminas, la violencia doméstica representa el 62,2 por ciento, seguida por la rapiña con el 13,3, altercados no domésticos con 11,1 y por último las agresiones sexuales con el 8,9 por ciento.
Los victimarios tienen un promedio de edad de 45 años, de ellos el 95,6 por ciento son hombres y el 4,3 mujeres, en tanto el 43,3 fue procesado por la Justicia y el 56,5 por ciento se suicidó luego de cometer el crimen.
Si bien los datos resultan llamativos para un país de unos 3,5 millones de habitantes, se ha realizado un esfuerzo por parte del Gobierno y las instituciones del Estado para disminuir el feminicidio.
En este empeño intervienen, entre otros, el Consejo Nacional de Género; el Consejo Consultivo, que agrupa un número importante de instituciones públicas; y la Red de Lucha contra la violencia sexual y doméstica, además de coordinar con la organización femenina Mujeres de Negro.
Un paso importante lo constituyó la aprobación el pasado año del Plan de Acción por una Vida Libre de Violencia de Género, que contempla acciones de todo el Estado uruguayo y busca contribuir a la consolidación de una política pública nacional para prevenir, enfrentar, reducir y reparar la violencia basada en género.