Naciones Unidas, 8 dic (RHC) El embajador palestino Riyad Mansour denunció en la Asamblea General de la ONU el impacto económico de medio siglo de ocupación israelí, cuya presencia militar es el principal obstáculo para su desarrollo.

En su intervención Riyad Mansour pidió la condena mundial a las medidas unilaterales impuestas por Israel que impiden el progreso socioeconómico de su país.

Un estudio del Banco Mundial reveló que el Producto Interno Bruto de Palestina crecería un 41 por ciento si no estuviera bajo la ocupación israelí.

El diplomático indicó que pese a la ocupación, han dado pasos para construir un Estado moderno, como el establecimiento de un sistema bancario efectivo, el manejo agrícola y la educación gratuita.

Riyad Mansour agradeció también el apoyo financiero de los donantes a los programas de asistencia para aliviar el sufrimiento del pueblo palestino y confía en que pronto se solucionará la situación.

Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra ad Al Hussein, instó a Israel a reconsiderar una ley sometida al Parlamento (Knesset) que legaliza la colonización de territorios palestinos en la ocupada Cisjordania.

En una declaración, el diplomático manifestó preocupación por la iniciativa aprobada ayer en la primera de las tres lecturas requeridas, por violar las leyes internacionales.

"Si se adopta esta norma sin precedentes permitiría la legalización retroactiva de las llamadas colonias construidas en terrenos propiedad privada de palestinos", cuestionó.

De acuerdo con el alto comisionado, urge que los legisladores reconsideren seriamente su apoyo al proyecto porque su materialización dañaría de manera grave la reputación de Israel alrededor del mundo, sostuvo el diplomático.

Las leyes internacionales establecen que las potencias ocupantes deben respetar la propiedad privada, subrayó.

Zeid recordó que al menos 570 mil colonos israelíes viven en 130 asentamientos y un centenar de colonias en la ocupada Ribera Occidental, incluyendo Jerusalén Oriental.

Esta práctica es contraria a las leyes internacionales y representa uno de los principales obstáculos para la paz, además de propiciar graves violaciones de los derechos humanos, sentenció.