Buenos Aires, 13 dic (RHC) Un fiscal de Argentina imputó al presidente de ese país, Mauricio Macri, su jefe de Gabinete, Marco Peña, y al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, al considerar como un abuso de autoridad el decreto que permite a familiares de funcionarios ingresar al blanqueo de capitales.

De acuerdo con medios de prensa local, diversos sectores y partidos políticos argentinos repudiaron ese instrumento, pues lo consideran una decisión inconstitucional porque modifica la ley y viola la democracia.

Los diputados del Frente para la Victoria y de Libres del Sur presentaron una denuncia penal por abuso de autoridad contra los firmantes del decreto porque infringe la voluntad expresa del congresista.

En tanto, el bloque Justicialista de la Cámara de Diputados manifestó que el oficialismo pone en riesgo cualquier acuerdo político futuro en Argentina al no respetar la voluntad del poder legislativo.

El decreto, publicado el 30 de noviembre Último, permite que los padres, cónyuges e hijos de quienes estén en la función pública exterioricen dinero y bienes previos al ingreso del familiar a los cargos altos del Estado.

Se divulgó que el Senado argentino postergó la firma de un dictamen sobre la ley de impuesto a las ganancias, que ya tiene media sanción de la Cámara baja, en tanto el Gobierno evaluará si decide realizar un diálogo multisectorial.

Tras varias horas de reuniones de diferentes bloques, miembros del Ejecutivo y de la Confederación General del Trabajo, se decidió congelar de momento el proyecto mientras se evaluará en las próximas horas si se convocará a una "mesa de diálogo" para intentar llegar a un acuerdo, reportó El Parlamentario.

El jefe del bloque de senadores nacionales del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, confirmó los distintos bloques reclamaron al Gobierno la convocatoria a una mesa de negociaciones pero, de no surgir de allí una respuesta positiva, el mayoritario bloque respaldará el proyecto votado por Diputados.

Pichetto apuntó que es fundamental que haya una convocatoria grande por parte del Ejecutivo pues no depende sólo del Senado, sino también de las fuerzas políticas de ambas Cámaras, sindicatos y gobernadores, para buscar lo que resulte mejor para el país", resaltó la fuente.

Un candente debate se vivió en Diputados el pasado 7 de diciembre cuando se aprobó con 140 votos a favor, 86 negativos y siete abstenciones, la propuesta presentada por varios bloques de la oposición sobre la ley de impuesto a las ganancias.

Lo convenido fue aceptado por mayoría y echó abajo lo presentado por el Gobierno de Mauricio Macri.

Los cambios a la ley propuesto por la Cámara baja contempla que pagarán impuestos los trabajadores solteros a partir de los 33 mil 500 pesos brutos (dos mil 104 dólares), y los casados con dos hijos a partir de 44 mil pesos brutos (dos mil 764 dólares).

Además, se obligará a los futuros jueces a pagar ganancias y fijar gravámenes para el juego y la renta financiera, a la vez que restituyeron las retenciones para las compañías mineras.

Los Diputados llegaron a un consenso sobre restituir las retenciones a las empresas mineras e imponer gravámenes al sector financiero, el juego (10 por ciento sobre el valor de las máquinas tragamonedas y 7,5 por ciento sobre las apuestas online) y prevé excluir del pago de ganancias a jubilados, excepto las jubilaciones de privilegio.