San Salvador, 26 ene (AFP) - Con cerca de 16.000 homicidios en  2016, el Triángulo Norte de Centroamérica -Guatemala, El Salvador y Honduras-  se mantiene como una de las regiones sin guerra más violentas del mundo, pese a  los drásticos planes de seguridad en marcha, que incluyen a los ejércitos.

Un total de 15.809 personas murieron de forma violenta el año pasado en la  zona, según informes proporcionados por oficinas forenses y las policías.

En Guatemala se registraron 5.459 homicidios, equivalente a 34,1 por cada  100.000 habitantes; El Salvador reportó 5.278 (81,2/100.00) y Honduras 5.072  (58,2/100.000).

El promedio de los tres países es de 50,6 homicidios por cada 100.000  habitantes, menor al 57,1 de 2015 pero ocho veces la media mundial de 8,9 por  cada 100.000 establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"La situación sigue difícil, los homicidios a pesar que han bajado siguen  marcando dolor y sufrimiento en muchas familias del Triángulo Norte", comentó a  la AFP el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel  Montenegro.

Montenegro concluye que "la represión de los Estados no ha dado resultados  ante la violencia", a pesar de los esfuerzos realizados por la policía, que en  los tres países fue reforzada por los ejércitos.

Ante ese eventual fracaso de la seguridad militarizada, el gobierno de  Guatemala puso en marcha en el inicio de este año un plan progresivo para  retirar a 4.200 efectivos del ejército que participaban en tareas de apoyo al  cuerpo de policía, integrado por 30.000 efectivos.

"La violencia no se va a cortar de la noche a la mañana, para formarse  necesitó de varias décadas por las condiciones sociales y económicas. Entonces  para revertirla requerirá de muchos años", resumió a la AFP elexcomandante  guerrillero y analista independiente Juan Ramón Medrano.

Las autoridades atribuyen buena parte de los homicidios a las pandillas  Mara Salvatrucha MS-13 y Barrio 18, que mantienen en barrios pobres de la  región un constante reclutamiento de jóvenes, a quienes atraen con el reparto  de los recursos que generan las extorsiones que realizan.

"No hay soluciones a los problemas de las pandillas, los jóvenes buscan una  familia, un ingreso en la mara (pandilla), ingresan a una familia artificial,  no hay programas de rehabilitación", explicó a la AFP el sociólogo hondureño  Ricardo Puerta.

Más allá de la violencia homicida, en el Triángulo Norte las pandillas  provocan el constante desplazamiento de familias que son amenazadas por negarse  a colaborar con su actividad delictiva.

En Honduras, según la policía y organismos internacionales, existen entre  25.000 y 36.000 pandilleros; en El Salvador, 70.000; y en Guatemala, alrededor  de 10.000.

"El tema de las pandillas parece que en Honduras y Guatemala está más  controlado, en el caso de El Salvador la expansión del dominio territorial de  las maras es rápida y amplia", comenta el profesor universitario e investigador  Carlos Carcach.

Ante el peligro de que las pandillas se conviertan en una agrupación  trasnacional, las fiscalías sellaron en agosto una estrategia común, mientras  que las policías y ejércitos de los tres países crearon una fuerza trinacional.

Estados Unidos comenzará este año a liberar por tramos un presupuesto de  750 millones de dólares prometidos en el marco de la iniciativa Alianza para la  Prosperidad, que busca disuadir la migración ilegal, parte de los cuales se  destinará a labores de seguridad.

Para los analistas y organismos que estudian el fenómeno de la violencia,  remontar la criminalidad homicida pasa por superar los déficits de los Estados.

"La fragilidad y la debilidad de los sistemas democráticos nacionales no  permite que se tengan Estados fuertes con la capacidad de presentar una lucha  contra estos problemas que ocasiona la violencia", reflexionó el salvadoreño  Carlos Carcach.

El rezago en institucionalidad, según Carcach, viene desde el fin de las  guerras civiles en Guatemala y El Salvador, porque "quedaron abiertas muchas  venas de impunidad" al no perseguir judicialmente los crímenes cometidos por  exmilitares y exguerrilleros desmovilizados.

Otro elemento que advierte el investigador que todavía genera violencia es  la falta de control en la región del tráfico ilegal de armas, dispersas al  finalizar las guerras.