Buenos Aires, 10 feb (RHC) La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) argentina investiga si constituye un delito el acuerdo a través del cual el presidente de Argentina, Mauricio Macri, perdonó 70 mil millones de pesos argentinos (4.465.000 dólares) por la privatización del Correo Argentino, empresa familiar del primer mandatario.
El titular de la PIA, Sergio Rodríguez, manifestó que “puede haber habido algún tipo de tráfico de influencias. Es uno de los temas a considerar”. La investigación preliminar evaluará el acuerdo firmado entre el Gobierno argentino y el Grupo Macri, perteneciente a la familia del presidente, subraya Telesur.
La acción fue iniciada por la fiscal Gabriela Boquín, quien solicitó a la PIA que investigue si la orden de aceptar el acuerdo obedece a la “satisfacción de intereses privados por sobre los públicos”.
Rodríguez declaró: “Estamos analizando todo lo que surge del dictamen, si hubo fraude a la administración pública o si quién actuó en representación del Estado nacional tenía la competencia de hacerlo”.
Esta medida se suma al escándalo que generó el perdón de esta deuda entre los opositores políticos del presidente Macri. La medida fue denunciada por diputados del Frente para la Victoria (FPV) quienes califican la acción como un delito de fraude y tráfico de influencias.
El diputado del FPV, Héctor Recalde, advirtió que “hay un manifiesto conflicto de intereses”. Junto con la bancada de diputados del FPV, Recalde presentó una denuncia judical en contra del presidente por beneficiar a su grupo empresarial.
El anterior Gobierno de Argentina rechazó distintas propuestas de pago de Correo Argentino por considerarlas abusivas pero ahora con Macri en el poder, el Estado aceptó una liberación de la deuda del 98,82 por ciento y podrán terminar de pagar en 2033.
La propuesta que le hizo el Estado al Gobierno de Macri fue quitar un 98,82 por ciento sobre el total de la deuda. Es decir, que Macri solo pagará el 1,18 porciento de la deuda que tenían con el Estado.
El titular de la PIA explicó que la investigación tiene tres posibles resultados: “que no exista irregularidad; que exista un delito penal, por lo tanto, formular una denuncia y será el juez el que dictaminé el curso de acción; y la otra alternativa es que puede constituir una irregularidad administrativa para algún funcionario público nacional, causal de alguna sanción”.
