Ciudad de Panamá, 14 feb (RHC) Una fiscal panameña pidió una alerta internacional para detener a dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli, señalados en el escándalo de sobornos del gigante brasileño de construcción Odebrecht.

La fiscal anticorrupción Tania Sterling solicitó la "notificación roja" contra Ricardo Alberto, Luis Enrique Martinelli y una abogada local el 1 de febrero, pero no fue sino hasta el lunes que la noticia se dio a conocer a la prensa, informa Telesur. 

La copia de la solicitud escrita de la fiscal Tania Sterling fue enviada ese día al director de la dirección de investigación judicial de la policía de Panamá, Marcos Córdoba, que, a su vez, debe remitirrla a Interpol Panamá.

Los tres, según el canal TVN, están implicados porque aparecen como miembros de sociedades anónimas que presuntamente recibieron transferencias de dinero, como parte de los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en Panamá y otros países.

Según el mismo medio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pidió el 28 de junio del año pasado una alerta roja a Interpol para detener al expresidente Martinelli, que es requerido en Panamá por el caso de los pinchazos telefónicos que se dieron en el Gobierno anterior.

El expresidente Martinelli se encuentra fuera de Panamá desde enero de 2015, cuando salió para asistir a una reunión del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) en Guatemala, tras lo que se instaló en Miami.

Recientemente se divulgó la incautación por las autoridades suizas de cuentas millonarias con las que se relaciona a los dos hijos de Martinelli, y respecto a lo cual el exgobernante señaló en un comunicado que se estaban haciendo las precisiones del caso.

El abogado de la familia Martinelli, Cristóbal Arboleda, señaló que van a presentar recursos legales contra esa solicitud de alerta roja que hizo la fiscal Sterling, pues argumentan que la petición no es viable debido a que ya se interpuso en la Corte Suprema de Justicia panameña un hábeas corpus preventivo a favor de los hermanos Martinelli Linares.

El letrado afirmó que la semana pasada no le habían comunicado ninguna petición de alerta roja, por lo que considera que la fiscalía está perjudicando el derecho de defensa de sus clientes.