Caracas, 22 ene (RHC) La Contraloría General de Venezuela pidió una solicitud de amparo a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por la negativa de la Asamblea Nacional al trabajo de una nueva auditora.
La decisión se adoptó después de que la Asamblea Nacional impidió el acceso de esa instancia a la auditora interna interventora, Mayren Ríos Díaz, designada por el Contralor General, Manuel Galindo.
Las acusaciones señalan que la junta directiva del órgano legislativo negó el acceso a esta funcionaria a su lugar de trabajo, obstaculizó la toma de posesión de la auditora interventora Ríos Díaz.
La Asamblea Nacional venezolana, con mayoría de partidarios de la derecha, se mantiene en desacato contra las principales instituciones del gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro.
Igualmente en carta publicada en The New York Times el vicepresidente venezolano Tareck El Aissami aseguró que el Departamento del Tesoro ha sido engañado por factores interesados en que no mejoren las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos.
En una carta abierta dirigida al secretario del Departamento de Tesoro, Steven Mnuchin, y publicada este miércoles en el diario neoyorquino, El Aissami rechazó las sanciones que le impusieron la semana pasada y que implicaron la anulación de su visa y la confiscación de sus propiedades en Estados Unidos.
A su vez, el vicepresidente de Venezuela exigió a la Casa Blanca rectificar su postura, luego que el Departamento del Tesoro de ese país intentara vincularlo con redes del narcotráfico.
Por su parte, el ministro para la Comunicación e Información de esta nación suramericana, Ernesto Villegas, ofreció detalles de la carta, durante el Reporte Diario de Gobierno.
Villegas indicó que Tareck El Aissami reivindicó los resultados de la lucha antidrogas por el Gobierno venezolano, al tiempo que llamó a Estados Unidos a rectificar su postura en beneficio de ambas naciones.
Hace unos días, el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de su Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), emitió un comunicado en el que calificó al vicepresidente ejecutivo de Venezuela como "narcotraficante", sin presentar pruebas, en un abierto ataque dirigido a deslegitimar al gobierno bolivariano que preside Nicolás Maduro.
