Bogotá, 6 mar (RHC) El Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Sergio Jaramillo, aseguró que pese a cualquier contratiempo su país vive un momento extraordinario, de materialización de lo acordado con tanta dificultad entre el gobierno y las FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.

En alusión al pacto con las FARC-EP, expresó Jaramillo que es un proceso pacificador cuyo componente internacional es una misión política de la ONU que supervisa el cumplimiento del cese el fuego bilateral y del abandono del armamento en poder de la guerrilla.

Al referirse a la adecuación de las zonas y puntos transitorios de normalización donde permanecerán por varios meses las FARC-EP, el asesor gubernamental en los diálogos con ese grupo rebelde afirmó que los trabajos avanzan.

El alto Comisionado para la paz en Colombia Sergio Jaramillo reiteró que el 29 de mayo venidero dejarán de funcionar los puntos y zonas transitorias de normalización contemplados en el acuerdo, por lo que antes culminaría también el procedimiento de desarme de los antiguos combatientes.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) lidera una movilización en ciudades colombianas para exigir celeridad en la aplicación de los acuerdos de paz y respaldar los diálogos con el insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En capitales departamentales como Bucaramanga (Santander), Cúcuta (Norte de Santander), Cali (Valle del Cauca), Barraquilla (Atlántico), Manizales (Caldas), Medellín (Antioquia), Popayán (Cauca), Pasto (Nariño) y Bogotá esa organización convocó a plantones para hacer públicas tales demandas y pedir acciones efectivas contra el paramilitarismo, subraya un comunicado.

La implementación del pacto (con las FARC-EP) no permite espera ni dilaciones, el Gobierno y los congresistas tienen un mandato histórico para hacer que las medidas de protección y seguridad sean una realidad, añadió la declaración publicada en el portal oficial de Movice y las redes sociales.

El pasado 24 de noviembre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Timoleón Jiménez, firmaron el tratado definitivo para terminar los enfrentamientos y hostilidades entre ambas partes.

Además de la seguridad jurídica (que deberá estar amparada por leyes como la de Amnistía), una de las mayores preocupaciones de esos guerrilleros es la protección de sus vidas una vez que abandonen los sitios en los que están ahora agrupados y resguardados por miembros de la Fuerza Pública.

Los colombianos recuerdan aún el genocidio sufrido por el partido Unión Patriótica (UP), el cual surgió de un fallido proceso pacificador en 1984; a partir de entonces perdió a unos cinco mil de sus militantes.

Ha quedado en evidencia que el paramilitarismo (considerado una de las principales amenazas para el ambiente de distensión) no ha sido realmente desmontado, al contrario, sus estructuras continúan actuando contra líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos, denunció Movice.

La paz -añadió- sigue siendo un sueño y un anhelo, que se posterga por la violencia sistemática de estos grupos armados los cuales actúan con total impunidad.

Según el cronograma previsto, al final de la tarde deberán concentrarse en la plaza Eduardo Umaña de esta capital seguidores de la iniciativa a fin de reclamar también avances en los diálogos con el ELN, menos numeroso que las FARC-EP pero activo hace medio siglo.

“Que no se repita”, es una de las consignas de las manifestaciones de este lunes, en alusión al exterminio del que fue blanco UP.