Guatemala, 4 abr (RHC-PL) Tres exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) de Guatemala quedaron sujetos a juicio por el incendio del hospicio estatal Virgen de la Asunción, que redundó en la muerte de 41 niñas.

Los encartados en el caso, conocido como Las niñas de Guatemala, son el extitular de esa oficina de la Presidencia de la república Carlos Rodas; la exsubsecretaria de la entidad Anahí Keller, y el exdirector del albergue de San José Pinula Santos Torres.

Los tres fueron capturados el 13 de marzo, cinco días después de la tragedia en virtud de la cual otras 15 menores de edad quedaron lesionadas, dos de ellas privadas de sus piernas por amputaciones obligadas.

Aunque todavía se desconoce cuándo tendrá lugar el juicio, los acusados deberán responder por los delitos de homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato contra menores de edad.

El juez Cuarto de Primera Instancia Penal, Carlos Guillermo Guerra, escuchó a las partes este martes luego de varias suspensiones de la audiencia de primera declaración y deberá determinar si inicia el proceso en los próximos días.

Las exigencias de la ciudadanía y la presión internacional obligaron a poner atención prioritaria a este proceso penal en Guatemala, donde hace dos años esperan por definición casos de alto impacto como La Línea, Cooptación del Estado, Lago Amatitlán, y Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

El expresidente Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) están implicados con rango de líderes en todos estos, entre los cuales destaca por su magnitud el Cooptación del Estado, que abarca a unos 57 exfuncionarios, banqueros, empresarios y personas asociadas al Gobierno.

Respecto al caso Las Niñas de Guatemala el ojo crítico de la población guarda sus recelos, por cuanto hasta la fecha salvo algunas suspensiones de funcionarios y el apresamiento de los jerarcas de la SBS, no existen mayores acciones y sólo se habla de que continúan las investigaciones.

Mientras, sigue engavetada en el Ministerio Público una denuncia contra el presidente Jimmy Morales por la tragedia en el Virgen de la Asunción, presentada por los diputados de la Bancada de la Dignidad de Convergencia Sandra Morán y Leocadio Juracán -junto a los abogados Benito Morales y Francisco García- en aras de retirarle la inmunidad al mandatario por tortura, ejecución extrajudicial, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Para Juracán, lo ocurrido el 8 de marzo en ese albergue fue una masacre, un asesinato extrajudicial con tortura, por la forma en que murieron las niñas.

También hubo fallas en cómo asumir responsabilidades y prevenir lo que sucedió, porque pese a los informes previos, el gobernante sólo pidió el envío de la policía a resolver la situación, añadió.