Brasilia, 18 abr (RHC) Muchos de los congresistas que votaron a favor de iniciar un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff hace un año ahora son señalados de corrupción en el caso Odebrecht.

Igualmente la mitad de los senadores que aprobaron la destitución son sospechosos, precisa Telesur.

El juicio político en contra de Rousseff estaba fundamentado en presuntas irregularidades fiscales utilizadas para maquillar las cuentas públicas. La mayoría de los discursos en su contra estaban dirigidos a condenar la corrupción. Sin embargo, nunca se discutió el supuesto crimen por el cual se estaba destituyendo a la mandataria.

En aquella votación el Congreso decidió con 367 votos a favor y 137 en contra, iniciar la destitución de la líder del Partido de los Trabajadores (PT). Entre esos votos se encontraba Onyzx Lorenzoni, quien expresó ante el Congreso: “Basta a tanto robo por todas partes”. Ahora es acusado de recibir 175 mil reales (cerca de 56 mil dólares) de parte de Odebrecht como soborno.

Una lista publicada por el Supremo Tribunal Federal (STF) la semana pasada señala a 36 diputados que estuvieron presentes en aquella votación, de los cuales 21 votaron a favor, 13 en contra y dos se abstuvieron. Entre los senadores la mitad de los que votaron para destituir a Rouseff se encuentran en la lista. De los 61 senadores que votaron a favor, 27 han sido señalados por los tribunales.

Uno de estos casos es el de Romero Jucá, ahora hombre de confianza del presidente de facto Michel Temer. Poco después de la toma del cargo fue nombrado ministro de Planeamiento, pero debió dimitir cuando se conoció una conversación en la que admitía un plan para destituir a Rouseff con el fin de frenar las investigaciones de la operación Lava Jato. El caso es similar al de Aécio Neves, aliado del actual gobierno y quien participó en manifestaciones en contra de Dilma Rouseff.

Ahora Neves y Jucá tienen cada uno cinco causas por sobornos y corrupción. Son dos de los señalados con mayor cantidad de causas por corrupción. Pronto podrían unirse al Eduardo Cunha, quien fue presidente de la Cámara de Diputados durante aquella votación y principal promotor del proceso de destitución.  Ahora Cunha cumple una condena de 15 años en una prisión de Curitiba por corrupción, blanqueo de dinero y evasión de divisas.