Buenos Aires, 5 may (RHC) El polémico fallo aprobado por la Corte Suprema argentina, que declara aplicable una ley para reducir el cómputo de prisión a personas con delitos de lesa humanidad, beneficiaría a unos 750 represores.

La medida, que genera hoy el rechazo unánime de varias organizaciones políticas y de derechos humanos, podría posibilitar que esa cantidad de genocidas puedan acogerse a la medida y reclamar su liberación, reflejó el portal Infonews.

Muchos de los que cometieron este tipo de crímenes aún no tienen condena firme sobre las causas llevadas adelante en el marco de la búsqueda de memoria, verdad y justicia, precisa Prensa Latina.

La ley, 24.390, conocida como 2x1, podría reducirles la pena y hasta dejar en libertad a partícipes secundarios 'y no tantoâ' de la última dictadura cívico militar (1976-1983), añadió la fuente.

La normativa podría beneficiar a quienes recibieron penas menores a 25 años, debido al tiempo que pasaron en la cárcel sin condena firme.

Una ola de disgusto e indignación provocó aquí el fallo de la Corte sobre la ley, que estuvo vigente entre 1994 y 2001, y que fue votada por los jueces Elena Highton, Horacio Rosenkrantz y Carlos Rosatti y rechazada por los magistrados Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

La sentencia fue dictada en la causa de Luis Muiña, quien en 2013 fue condenado a 13 años de cárcel por ser 'coautor del delito de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos' en cinco casos.

'Estamos en un país de trastornados', expresó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, tras calificar la medida como una 'estafa a la moral social', una de las tantas voces que se han levantado para expresar su repudio a la aplicación de esta ley.