Brasilia, 10 may (RHC-PL) El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva prestó testimonio por más de cuatro horas ante Sergio Moro, el juez federal que maneja a su antojo los hilos de la operación anticorrupción Lava Jato, sin que se produjera ningún trascendido, pues se prohibió la entrada de cualquier equipamiento electrónico a la sala donde transcurrió la sesión.
Cifras actualizadas revelaron además que el fuerte dispositivo de seguridad montado en distintos puntos de la ciudad incluyó el despliegue de cerca de tres mil efectivos, mil 700 de los cuales se congregaron en los alrededores de la sede de la Justicia Federal, donde se produjo el primer encuentro cara a cara entre Lula y Moro.
Se supo además que para participar en los actos de apoyo a Lula y en defensa de la democracia, que transcurren en la plaza Santa Andrade, frente a la Universidad Federal de Paraná, llegaron 128 ómnibus, transportando a parte de los manifestantes convocados por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Terra y el Frente Brasil Popular.
En la sesión de la tarde, a la cual fue vetada también el acceso de la prensa, participaron tres de los fiscales que meses atrás presentaron un famoso power point en el cual, sin ninguna prueba y basado solo en convicciones, colocaban a Lula como 'comandante máximo' del entramado de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.
El Tribunal Federal de la Cuarta Región de Curitiba rechazó ayer el pedido de habeas corpus formulado por la defensa de Lula para suspender el proceso de este miércoles, ante la imposibilidad de analizar los documentos que fueron agregados a la causa por vía digital entre el 28 de abril y el 2 de mayo.
Los datos entregados ahora, y solicitados en octubre del pasado año, suman 5,42 gigabytes y fueron agregados sin índice y de forma desorganizada. Hay cerca de cinco mil documentos (técnicos, jurídicos y de negocios), con un número estimado de alrededor de 100 mil páginas, detallaron los abogados defensores.
Explicaron además que Moro denegó la solicitud de un plazo adicional para estudiar la voluminosa documentación y también la entrega de la otra parte de los legajos pendientes de revisión.
El propio juez federal de Curitiba resolvió este lunes prohibir a la defensa de Lula grabar su interrogatorio, alegando que con ello pretendían 'transformar el acto en un evento político-partidario, absolutamente ajenos al propósito del proceso'.
Por otra parte, la jueza Diele Denardin Zydek prohibió la instalación de campamentos en la capital paranaense para impedir el respaldo popular al ex dignatario, una actitud que el coordinador del Frente Brasil Popular, Raimundo Bonfim, consideró típica de un Estado de excepción.
