La Habana, 11 jun (RHC) En medio de una profunda crisis económica, los puertorriqueños concurren este domingo a las urnas en un referéndum de estatus para determinar su futuro en relación con Estados Unidos.

Después de 118 años de dominación colonial e impulsado por el sector anexionista del gobernador Ricardo Rosselló, los boricuas concurren con poco entusiasmo por quinta ocasión a un plebiscito que difícilmente marque un cambio en esa isla del Caribe, donde el 47 por ciento vive bajo el nivel de pobreza a pesar de estar respaldada por la nación más poderosa del mundo.

Contrario a otras contiendas, muy pocos electores han hecho alarde de su preferencia de estatus, más allá de los miembros del anexionista PNP, bombardeados con anuncios que hablan de igualdad de derechos con respecto a los estadounidenses y acerca de la necesidad de preservar la ciudadanía impuesta por Washington hace un siglo.

'Esta ha sido una campaña de miedo', dijo un ciudadano, que confirmó que no votará en lo que describió como una farsa.

Ante la impugnación pública que han hecho por separado el Partido Popular Democrático (PPD), principal de oposición; y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el gobernador Rosselló indicó que se trata de 'un proceso democrático en donde todas las alternativas que distintos grupos han favorecido están en la papeleta'.

'Vamos a ir a los foros internacionales para defender el argumento de la importancia de que Puerto Rico sea el primer estado hispano de Estados Unidos', dijo al votar en la academia San José, en el vecino municipio de Guaynabo.

La Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico de 2017 deja margen a que se incurra en irregularidades, ya que impide el cotejo de los sufragios con la lista de inscritos, por lo que puede darse la particularidad de que en una mesa electoral aparezca una cantidad de votos superior a los electores.

Pese a que el padrón establece sobre 2,3 millones de electores, se espera una participación por debajo de los 700 mil electores, al tener en cuenta que muchos anexionistas no están de acuerdo con la forma atropellada en que se ha establecido el proceso, que no cuenta con el aval del Congreso de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia federal había solicitado al gobernador Rosselló que aplazara la consulta por unos meses hasta que se aprobaran las definiciones de estadidad (anexión), libre asociación/independencia y actual estatus territorial.

También advirtió que es falso que solo bajo la plena integración como estado 51 de la unión norteña se garantice la ciudadanía estadounidense, impuesta a los puertorriqueños en vísperas de la Primera Guerra Mundial.

Puerto Rico es un Estado Libre Asociado a Estados Unidos desde 1952, carente de poderes soberanos ni control de su economía, que afronta una profunda crisis fiscal y una deuda de más de 73 mil millones de dólares. (Fuente/PL)