Montevideo, 6 de jul (RHC) El presidente de la Coppal, Conferencia de Partidos Políticos de América Latina, Manuel de Jesús Pichardo, denunció el llamado Plan Atlanta dirigido por Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos en 2012 con el propósito de socavar la izquierda latinoamericana.

Pichardo expresó que con esa iniciativa se buscaba desacreditar a los líderes políticos de izquierda o progresistas que estén en el poder o que puedan alcanzar la presidencia en la región.

El parlamentario dominicano declaró que el golpe de Estado en Honduras fue un experimento del Plan Atlanta y luego se perfeccionó en Paraguay con la destitución de Fernando Lugo.

Asimismo precisó que en el caso de Brasil se aplicó con éxito la destitución de Dilma Rouaseff y el enjuiciamiento de Luiz Inácio Lula da Silva, y en Venezuela, aseveró, se está tratando de sacar del poder por vía no electoral a un gobierno que ganó en las urnas, como ha ocurrido con todos.

Igualmente se divulgó que la embajadora costarricense Elayne Whyte afirmó que América Latina tuvo un activo papel en la conferencia de la ONU para negociar un tratado que prohíba las armas nucleares.

La diplomática recordó que América Latina y el Caribe fue la primera zona del planeta en declararse libre de los letales artefactos, con la entrada en vigor, en 1969, del Tratado de Tlatelolco.

En sintonía con esa postura, la región jugo un importante y muy activo rol durante la conferencia, dijo Whyte, quien afirmó que después de tres semanas de negociaciones, quedó listo el documento para su adopción mañana.

Naciones Unidas acogió el foro desde el 15 de junio, a partir de un mandato de la Asamblea General de trabajar en un instrumento multilateral destinado a prohibir las armas nucleares, las únicas de extermino en masa que no cuentan con un acuerdo de interdicción.

La embajadora de Costa Rica manifestó sus expectativas de que mañana se apruebe por consenso el histórico tratado, en cuyo proceso de elaboración no participaron los países poseedores de esas armas, pero si lo hicieron 129 de los 193 integrantes de la ONU.

El texto, de adoptarse, se abrirá a la firma en septiembre, y entrará en vigor cuando lo ratifiquen 50 Estados.

Whyte resaltó que el instrumento contempla la posibilidad de que esas naciones poseedoras se incorporen al acuerdo, tras cumplir los requisitos establecidos.