La Habana, 12 jul (RHC) El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado este 12 de julio, en Brasilia,  a nueve años y medio de cárcel por la presunta comisión de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, a pesar de comprobarse su inocencia, informa la agencia Prensa Latina (PL).

El Ministerio Público Federal (MPF) argumenta que el exmandatario recibió 3,7 millones de reales (más de un millón de dólares) en “propinas” mediante la reforma de un apartamento, cuya propiedad le es atribuida sin que existan pruebas que lo confirmen, y con el pago del almacenamiento de sus bienes.

El diario digital Brasil 247 indicó que la sentencia del juez federal Sergio Moro, fue dictada poco menos de 10 meses después de que los fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato presentaran la acusación formal.

Coincidentemente, además, la condena fue proferida el mismo día en que la Comisión de Justicia y Ciudadanía de la Cámara de Diputados comenzó a analizar la admisibilidad de una denuncia por corrupción pasiva hecha por la Procuraduría General de la República contra el presidente Michel Temer.

La defensa de Lula, al presentar los alegatos finales el pasado de 20 junio, sustentó con documentos inéditos que aunque el referido apartamento está a nombre de la empresa OAS Empreendimentos S/A, en 2010 todos los derechos económicos y financieros sobre el mismo fueron pasados a un fondo gerenciado por la Caixa Económica Federal.

"La inocencia del expresidente fue comprobada por las declaraciones de los 73 testigos oídos en el caso del triplex, y el hecho que el propio MPF solicitara incluir nuevos declarantes (lo cual fue denegado por el juez de Curitiba) reconoce que no disponen de pruebas de la acusación formulada”, apunta la defensa.

Agregaron los defensores que la decisión de Moro contiene errores fácticos y también provoca nulidad insalvable en el proceso, al denegar la realización de pruebas periciales obligatorias para demostrar quién es el real propietario del inmueble, dado en garantía en operaciones financieras por la empresa de ingeniería e infraestructura OAS.

Recuerda la información de PL que en julio del pasado año, el exdignatario brasileño presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU una petición en la cual argumentaba que la justicia brasileña está violando sus derechos mediante la práctica de actos ilegales, en particular del juez Moro “que no pueden ser satisfactoriamente corregidos en la legislación brasileña”.