Ciudad México, 16 jul (RHC) Periodistas y activistas mexicanos clausuraron de manera simbólica la Fiscalía General de Sinaloa mediante una cadena humana, al cumplirse dos meses del asesinato del periodista Javier Valdez, corresponsal del diario La Jornada y fundador del semanario Ríodoce.

Los comunicadores se dieron cita en las instalaciones de la Fiscalía estatal y negaron el paso a los trabajadores del lugar en señal de protesta, mientras el presidente de la Asociación de Periodistas siete de junio, Alejandro Sicáiros, dijo que continuarán con las manifestaciones hasta que se cumplan sus reclamos de acceder a los avances de la investigación del caso.

Un grupo de activistas y comunicadores de Culiacán también protestaron por los nulos resultados de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía estatal para resolver el asesinato del periodista ocurrido el 15 de mayo último.

Con anterioridad se divulgó la muerte del reportero gráfico hondureño Edwin Rivera, la cual se convirtió en el octavo profesional de la prensa asesinado en México

Rivera se había refugiado en Acayucan, estado de Veracruz, tras huir de su país por temor a perder la vida, como le ocurrió a su compañero de labores, Igor Ibarra, director y productor del programa Los Verduleros de la televisión hondureña, asesinado en San Pedro Sula a mediados de enero.

La muerte de periodistas volvía a ser recurrente en , considerado como el tercer país más peligroso del planeta para el ejercicio del periodismo, solo después de Siria y Afganistán, naciones envueltas en conflictos armados.

Unos días antes de la muerte del camarógrafo hondureño fueron encontrados en el fondo de una barranca de la región de Tierra Caliente, estado de Michoacán, los restos del periodista mexicano Salvador Adame, desaparecido desde mayo.
Según las primeras investigaciones, Adame resultó asesinado por sicarios al mando de un narcotraficante apodado como “el Chango Peña”.

El cuerpo de la víctima fue quemado y hubo que identificarlo mediante pruebas de ADN.

Como él también murieron Filiberto Álvarez Landeros, locutor en Tlaquiltenango, Morelos (29 de abril); Maximino Rodríguez Palacios, del portal de noticias Colectivo Pericú, en Baja California Sur (14 de abril) y MiroslavaBreachVelducea, corresponsal de La Jornada y colaboradora de Norte, de Ciudad Juárez (23 de marzo), a quien mataron delante de su hijo.

Asimismo, Ricardo Monlui Cabrera, propietario y director del portal El Político y editor de la columna Crisol de Córdoba, en Veracruz (19 de marzo) y Cecilio Pineda Brito, director de La Voz de Tierra Caliente, en Guerrero (2 de marzo).

Llama la atención la repetición de esos crímenes a pesar de que hay un mecanismo legal instituido para que la Procuraduría General de la República, y las estatales, brinden protección a los periodistas y activistas de derechos humanos.