Washington, 3 ago (RHC-PL) Las ciudades santuario en Estados Unidos carecerán de la posibilidad de participar en un nuevo programa gubernamental de entrenamiento contra el delito, apuntó hoy el fiscal general, Jeff Sessions.

Esas urbes, que son unas 200 a nivel nacional, limitan su colaboración con las autoridades federales en aras de ofrecer seguridad a los inmigrantes indocumentados.

Al proteger a criminales de la aplicación de las leyes sobre inmigración, las ciudades y los estados con las llamadas políticas santuario nos dejan a todos menos seguros, consideró Sessions, citado por reportes de prensa.

De acuerdo con el secretario de Justicia, cuatro departamentos policiales locales manifestaron su interés en la nueva iniciativa de seguridad pública: Albuquerque, en Nuevo México; Baltimore, Maryland; y San Bernardino y Stockton, California.

Sin embargo, explicó que cada uno deberá responder una serie de preguntas para confirmar que no tienen políticas para evitar una posible deportación de inmigrantes ilegales.

El pasado 26 de julio, Sessions anotó en un comunicado que las entidades estadounidenses deseosas de fondos de un programa del Departamento de Justicia deberían cumplir las normas contra las ciudades santuario.

Según las medidas, las autoridades locales abrirán sus cárceles a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y notificarán con 48 horas de antelación la puesta en libertad bajo custodia de cualquier persona sin papeles.

Para alcanzar la máxima prioridad del Departamento de Justicia de reducir los delitos violentos debemos alentar a estos territorios santuario a cambiar sus políticas, sostuvo.

Reportes periodísticos divulgaron que el programa de ayudas Byrne JAG reparte unos 375 millones de dólares anuales destinados a personal, equipos y entrenamiento.

A partir de ahora, solo se adjudicarán fondos a las ciudades y estados que cumplan con la ley federal, puntualizó Sessions.

Pocos días después de asumir el cargo el 20 de enero pasado, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para resucitar los programas de cooperación entre las fuerzas del orden y las autoridades migratorias.

La disposición se encaminó además a interrumpir la concesión de ciertos recursos financieros a las ciudades mencionadas.