La Habana, 6 ago (RHC) El alcalde de la ciudad estadounidense de Chicago, Rahm Emanuel, anunció este domingo que demandarán al gobierno del presidente Donald Trump por las amenazas de retener fondos para la seguridad pública de las urbes santuario.

De acuerdo con Emanuel, Chicago no permitirá que se aíslen y violen los derechos fundamentales de sus residentes, y nunca renunciará a la condición propia de ciudad acogedora.

Esos territorios, que son unos 200 a nivel nacional, limitan su colaboración con las autoridades federales en aras de ofrecer resguardo a los inmigrantes indocumentados.

No posibilitaremos que nuestros oficiales de policía se conviertan en peones políticos de un debate, manifestó el alcalde en conferencia de prensa.

Por otra parte, consideró que la demanda pretende impedir que la administración norteamericana establezca un precedente que podría ser usado para apuntar a otras fuentes de financiación.

Las ciudades santuario en Estados Unidos carecerán de la posibilidad de participar en un nuevo programa gubernamental de entrenamiento contra el delito, indicó hace tres días el fiscal general, Jeff Sessions.

Al proteger a criminales de la aplicación de las leyes sobre inmigración, tales urbes y estados nos dejan a todos menos seguros, consideró Sessions.

El secretario de Justicia mencionó que cuatro departamentos policiales locales expresaron su interés en la nueva iniciativa de seguridad pública: Albuquerque, en Nuevo México; Baltimore, en Maryland; y San Bernardino y Stockton, en California.

Sin embargo, explicó que cada uno deberá responder una serie de preguntas para confirmar que no tienen políticas para evitar una posible deportación de inmigrantes ilegales.

El pasado 26 de julio, Sessions anotó en un comunicado que las entidades estadounidenses deseosas de fondos de un programa del Departamento de Justicia deberían cumplir las normas contra las ciudades santuario.

Según las medidas, las autoridades locales deberán abrir sus cárceles a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y notificar con 48 horas de antelación la puesta en libertad bajo custodia de cualquier persona sin papeles.

Para alcanzar la máxima prioridad del Departamento de Justicia de reducir los delitos violentos debemos alentar a estos territorios santuario a cambiar sus políticas, sostuvo.

Reportes periodísticos divulgaron que el programa de ayudas Byrne JAG reparte unos 375 millones de dólares anuales destinados a personal, equipos y entrenamiento.

Escasos días después de asumir el cargo el 20 de enero último, Trump firmó un decreto ejecutivo para resucitar los programas de cooperación entre las fuerzas del orden y las autoridades migratorias.

La disposición se encaminó además a interrumpir la concesión de ciertos recursos financieros a las ciudades mencionadas. (PL)