Madrid, 10 sep (PL) Las autoridades de Cataluña activaron esta semana su autoproclamado proceso soberanista con vistas al 1 de octubre, cuando pretenden realizar un referendo unilateral para separar a esa comunidad autónoma del resto de España.

En lo que muchos consideran una crisis institucional de final imprevisible, el Parlamento catalán -de mayoría independentista- aprobó el miércoles la llamada Ley del Referéndum, que establece el marco legal para consumar la controvertida consulta.

Pese al rechazo frontal del gobierno de Mariano Rajoy y de la justicia española, la normativa fue avalada con los 72 votos de Juntos por el Sí y la agrupación anticapitalista CUP, 11 abstenciones y la ausencia de gran parte de la oposición, que denunció la ilegalidad de la votación.

Para la coalición Juntos por el Sí -integrada por Esquerra Republicana de Cataluña (izquierda) y el centroderechista Partido Demócrata Catalán- la flamante norma legitima un sufragio sobre la escisión de España basado en el principio de autodeterminación.

Tras la tensa y maratoniana sesión de la cámara catalana, el presidente de la Generalitat (ejecutivo catalán), Carles Puigdemont, firmó el decreto de convocatoria de la consulta secesionista.

Puigdemont aseguró entonces que defenderá hasta el final el derecho a decidir de Cataluña y llamó a los catalanes a participar de manera masiva en el referéndum.

'Negar ese derecho, tratar a los catalanes como súbditos al servicio de un Estado que fabrica amenazas al mismo ritmo que incumplimientos, eso no es democracia, es otra cosa', denunció el mandatario autonómico.

A su juicio, la rica región de 7,5 millones de habitantes tiene la oportunidad de constituirse en un estado 'democrático, moderno y libre'.

Decisión que, advirtió, corresponderá a la gente y no a ningún Consejo de Ministros o Tribunal Constitucional (TC) 'deslegitimado, desprestigiado y politizado hasta niveles impropios', subrayó.

La administración de Rajoy y el TC desplegaron todo su arsenal para frenar las aspiraciones separatistas, que se intensificaron a partir de 2010.

Entonces, la formación del actual jefe del Gobierno, el conservador Partido Popular (PP) -en aquel momento principal fuerza de la oposición-, consiguió que el Constitucional restringiera una reforma del Estatuto de Autonomía aprobada por el parlamento y la población catalana.

El 28 de junio de 2010 el alto tribunal, a petición del PP, anuló varios artículos del nuevo Estatuto de Autonomía catalán, una suerte de Constitución regional, lo cual fue considerado por los partidos secesionistas como una afrenta a ese territorio del noreste español.

En una comparecencia en el Palacio de La Moncloa (sede del poder central) y luego de recurrir ante la justicia todos los pasos dados por la Generalitat, Rajoy aseguró que impedirá por todas las vías legales posibles la realización del polémico referendo.