Madrid, 15 sep (RHC) El gobierno español arreció su control financiero sobre Cataluña, al aprobar un sistema para impedir que los fondos públicos de esa región sean destinados a sufragar el referendo de autodeterminación del próximo primero de octubre.

Anunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que la administración conservadora de Mariano Rajoy se hará cargo de los pagos de servicios esenciales como salud, educación y sueldos de los empleados estatales en esa comunidad autónoma.

Montoro precisó que con ese mecanismo de control el gobierno se garantizará que los pagos no vayan a ninguna actividad ilegal, en alusión a la consulta unilateral convocada por el Ejecutivo de esa región, la cual pretende separarse de España y proclamar un Estado independiente.

La intervención de las cuentas autonómicas surgió un día después de que el gobierno catalán anunciara que dejará de enviar a Madrid su informe semanal de desembolsos, al considerar que ese refuerzo de fiscalización responde a un control político.

Mientras el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró que impedirá por todas las vías legales posibles el referendo del 1 de octubre en Cataluña, que busca convertir a esa región en un Estado independiente.

Durante un acto en Barcelona de su formación, el conservador Partido Popular, Rajoy afirmó tajante que no habrá referéndum y emplazó a las autoridades secesionistas de esa comunidad autónoma a no subestimar “la fuerza de la democracia española”.

“Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”, advirtió el mandatario sin especificar si hacía alusión a la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional o al artículo 155 de la Constitución, que permite la intervención de un territorio por el Estado.

Cuanto más tarde rectifiquen, más daño harán al conjunto de los catalanes y de los españoles, enfatizó el gobernante en referencia a las agrupaciones separatistas que conforman el ejecutivo catalán, promotor de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional.

Defendió las actuaciones realizadas hasta ahora por la Fiscalía y los cuerpos policiales contra la controvertida votación y aseveró que, de aquí a la fecha del escrutinio, “el Estado va a seguir actuando porque es su obligación”.

Rajoy, a quien el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, envió una carta este viernes para pactar la celebración del referendo, insistió en que no puede autorizar ni negociar un sufragio de estas características.

“Yo no puedo disponer de la soberanía nacional. Lo que es España lo deciden todos los españoles”, remarcó.

Añadió que, además de las actuaciones de la justicia, se está trabajando a pie de calle.

En ese contexto enmarcó la operación realizada hoy por la Guardia Civil, la cual, según destacó, confiscó más de 100 mil carteles de la Generalitat (gobierno catalán) con propaganda del 1 de octubre.