Madrid, 13 oct (RHC) El gobierno de España descartó la mediación o diálogo directo con el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, para solucionar la grave crisis territorial en esa comunidad autónoma, que pretende separarse de ese país europeo.

En una rueda de prensa, la vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría, circunscribió a las Cortes Generales el escenario de una posible negociación con las autoridades secesionistas catalanas.

Recordó Sáenz que en breve la comisión parlamentaria empezará sus trabajos para estudiar la actualización del modelo autonómico, previa a una hipotética reforma constitucional pactada entre el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez.

El martes último, el presidente catalán proclamó la independencia de esa comunidad, pero luego pidió suspender sus efectos para abrir un proceso de diálogo y una mediación internacional, acto rechazado por el Ejecutivo de Rajoy.

Mientras la Candidatura de Unidad Popular (CUP) pidió al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, que levante la suspensión de la declaración de independencia de esa región española, tras dar por perdida una eventual mediación internacional.

El partido anticapitalista, cuyo apoyo es crucial para la continuidad de la Generalitat (gobierno catalán), instó por carta al mandatario a proclamar la República catalana, antes de que el ejecutivo de Mariano Rajoy asuma el control de esa comunidad autónoma.

La CUP consideró que ese paso es la única manera para conseguir que la intervención de actores internacionales se haga con Cataluña reconocida como sujeto político.

Si intentan seguir aplicando las previsiones del artículo 155 de la Constitución española que lo hagan con la república ya proclamada, subrayó la misiva, en alusión a la eventual activación de esa medida por parte de la administración central de Rajoy.

En esa línea, emplazó a Puigdemont a responder al requerimiento del presidente del Gobierno de España, situándose en el ejercicio del derecho de autodeterminación.

A su juicio, responder a la petición de Rajoy de cualquier otro modo supondría “avalar todas y cada una de sus amenazas, su menosprecio y su represión”, y volver a la legalidad constitucional que, según su criterio, una mayoría de catalanes decidió romper.

El Palacio de La Moncloa (sede del gobierno español) dio a Puigdemont un plazo hasta el lunes para aclarar si declaró o no una independencia unilateral, lo que llevaría a la aplicación de medidas extraordinarias contempladas en el artículo 155 de la Carta Magna.

“Si pretenden seguir aplicando, ahora ya con requisitos formales cumplimentados, las previsiones del artículo 155 de la Constitución española y nos quieren seguir amenazando y amordazando, que lo hagan con la República ya proclamada”, remarcó la CUP.

Tras dar por cerrada la esperanza de una mediación internacional para resolver la grave crisis territorial, la agrupación anticapitalista aseguró que “quedar inmóviles ante sus amenazas, sus negaciones y su autoridad no nos permitirá existir como pueblo”.

Rajoy envió el pasado miércoles un requerimiento a la Generalitat para que dilucide si declaró o no la secesión de esa comunidad autónoma del noreste del país europeo.

En el caso de que la respuesta de Puigdemont sea positiva, el ultimátum de La Moncloa se amplía hasta el venidero jueves para que el gobernante revoque la hipotética declaración de independencia y evite la aplicación del 155.

La eventual aplicación del citado artículo de la Carta Magna permite a Madrid tomar el control parcial o total de cualquiera de sus 17 regiones, en caso de que incumplan con sus obligaciones o actúen gravemente contra el interés general de España.