Madrid, 8 nov (RHC) El Tribunal Constitucional de España derogó la declaración unilateral de independencia de Cataluña, aprobada el pasado 27 de octubre por el parlamento de esa comunidad autónoma del noreste del país europeo.

Con su decisión, la Corte que el pasado 31 de octubre suspendió de manera cautelar la resolución adoptada por la cámara catalana, declaró definitivamente este miércoles su inconstitucionalidad.

Además, el pleno del alto tribunal decidió denunciar por desobediencia a sus sentencias a la expresidenta del parlamento de Cataluña, Carme Forcadell y a dos de los integrantes de la Mesa, órgano rector de la asamblea legislativa autonómica.

Ocho miembros de la defenestrada dirección catalana están en prisión sin fianza por los cargos de rebelión, sedición y malversación, tras la celebración del referendo del primero de octubre, prohibido por el Constitucional, y la posterior declaración de la independencia.

El expresidente secesionista Carles Puigdemont y cuatro de sus antiguos colaboradores se encuentran en Bruselas, a la espera de su eventual extradición por la justicia de Bélgica, en tanto, Carme Forcadell y otros cinco miembros de la Mesa del Parlamento autonómico prestarán declaración este jueves ante el Tribunal Supremo por los supuestos delitos de rebelión y sedición, entre otros.

Mientras Cataluña vive una nueva jornada de movilizaciones en rechazo a la intervención de esa región por el gobierno de España y para exigir la excarcelación de numerosos líderes independentistas.

Piquetes, bloqueos en las principales carreteras y autopistas de acceso a grandes ciudades, incluida la capital de esa comunidad autónoma, Barcelona, protagonizaron el llamado a una huelga general de organizaciones sindicales y separatistas.

La movilización fue convocada por la Intersindical-CSC (Confederación Sindical Catalana) y respaldada por las entidades independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural y el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC).

El operador nacional de ferrocarriles, Renfe, informó sobre demoras o desvíos de trenes en decenas de líneas, algunas de alta velocidad, porque los manifestantes sobrepasaron los controles policiales y ocuparon las vías.

En apoyo a la medida de fuerza de la Intersindical-CSC, los centros de altos estudios de Cataluña permanecieron cerrados y los estudiantes no asistieron a clase, una acción que contó con la adhesión de la plataforma Universidades por la República.

Además, el SEPC realizó manifestaciones bajo el lema Libertad presos políticos. No al 155, y llamó a una semana de lucha contra lo que calificó de represión franquista (dictadura de Francisco Franco) del Partido Popular (PP), del presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Con esas consignas, la agrupación estudiantil expresó su condena al encarcelamiento de ocho miembros del destituido gobierno catalán y de los líderes de la ANC y Ómnium Cultural, acusados por la justicia española de varios delitos vinculados con el proceso secesionista.

También impugnaron la toma de control de esa próspera región por el ejecutivo del conservador PP, en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, nunca antes utilizado en casi cuatro décadas de democracia en este país europeo.

Al amparo de esa cláusula, las autoridades españolas cesaron al gobierno catalán de Carles Puigdemont, disolvieron el parlamento autonómico y convocaron a elecciones regionales anticipadas el próximo 21 de diciembre.

Rajoy activó ese controvertido precepto constitucional para frenar las aspiraciones separatistas de esa próspera región de 7,5 millones de habitantes, cuya asamblea legislativa aprobó el 27 de octubre una declaración unilateral de independencia.

Ocho miembros de la defenestrada administración catalana están en prisión por los cargos de rebelión, sedición y malversación, tras la celebración del referendo del 1 de octubre, prohibido por el Tribunal Constitucional, y la posterior proclamación de la independencia.

Puigdemont y cuatro de sus antiguos colaboradores se encuentran en Bruselas, a la espera de su eventual extradición por la justicia de Bélgica.

Desde la capital belga, el líder independentista acusó a Rajoy de perpetrar un golpe de Estado contra Cataluña y sus legítimos representantes, elegidos de manera democrática en las elecciones del 27 de septiembre de 2015, ganadas por los partidos soberanistas.