Ottawa, 17 nov (RHC) La primera ministra de la provincia canadiense de Ontario, Katlin Wein, alista una legislación para obligar a unos 12 000 profesores y empleados de 24 centros universitarios a abandonar la huelga que mantienen desde principios de octubre.
La jefa de Gobierno del Partido Liberal, pretende que los docentes pongan fin al paro y regresen a las aulas los cerca de 500 000 alumnos que están sin clases desde hace varias semanas, debido al fracaso de las negociaciones entre líderes sindicales y la patronal.
El último de esos contactos culminó ayer con la decisión de los huelguistas de seguir el cese de labores porque la administración intentaba imponerles concesiones inaceptables, tras lo cual la funcionaria llamó a todas las agrupaciones políticas a apoyar su proyecto y terminar con la protesta.
También se divulgó que la ministra canadiense de Desarrollo Internacional y Francofonía, Marie-Claude Bibeau, visitará a Bangladesh del 21 al 23 de noviembre para evaluar la crisis de los refugiados procedentes de Myammar.
La alta funcionaria visitará asentamientos de refugiados, discutirá con las autoridades locales y representantes de organizaciones humanitarias la mejor forma en que el Gobierno de Canadá puede ayudar a enfrentar el arribo a territorio bangladesí de más de 620 mil inmigrantes rohinyás desde finales de agosto de este año.
Hasta la fecha, Canadá entregó más de 25 millones de dólares en asistencia a Bangladesh y Myammar para contribuir a resolver esta situación y el 23 de octubre pasado, el primer ministro Justin Trudeau nombró al exparlamentario liberal Bob Rae como enviado especial a Myammar con el fin de monitorear de cerca la crisis.
El 25 de agosto último comenzó una nueva ola de violencia en el estado de Rakhine, después de que insurgentes rohinyás atacaron varios cuarteles con el fin de reclamar los derechos de esa minoría, a lo que los organismos de seguridad respondieron con acciones represivas contra la población civil.
Aunque viven en Myanmar por varias generaciones, las autoridades consideran extranjeros a los rohinyás y estos no tienen acceso a la ciudadanía, además de que se les niegan otros derechos básicos como la libertad de movimiento y la educación.
