Quito, 3 dic (RHC) El noveno día de audiencias del juicio por asociación ilícita en el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Ecuador, concluyó este sábado con la presentación de pruebas de descargo por parte de la defensa de los procesados.

Durante toda la jornada, efectuada como las anteriores en la capitalina Corte Nacional de Justicia, comparecieron testigos a favor de los acusados, entre quienes está el vicepresidente constitucional, Jorge Glas, y se presentaron pruebas de descargo contra los elementos de la Fiscalía, la Procuraduría y los acusadores particulares.

Concluida esta fase corresponde a las partes exponer argumentos y alegatos que se sumarán a todos los elementos entregados a los jueces para analizar y emitir el dictamen final, lo cual ocurrirá mañana lunes.

Jorge Glas y otros ocho ecuatorianos enfrentan un proceso legal por asociación ilícita, vinculados a los pagos de sobornos de la constructora brasileña a funcionarios ecuatorianos, a cambio de adjudicación de obras.

El juez peruano Richard Concepción Carhuancho escuchó los fundamentos del pedido de la fiscalía de encarcelar a cinco empresarios asociados a la brasileña Odebrecht por el pago de un soborno al expresidente Alejandro Toledo.

En la audiencia expusieron también sus alegatos la defensa de los exdirectivos de las empresas Graña y Montero, José Graña Miró Quesada, Gonzalo Ferraro Rey y Hernando Graña Acuña; JJ Camet Contratistas Generales, Fernando Camet Piccone, y de Ingenieros Civiles Contratistas Generales S.A., José Castillo Dibós.

La solicitud de prisión preventiva de 18 meses fue solicitada en tanto es investigado el complejo caso, referido al soborno que, según Odebrecht, pagó junto a esas empresas por el contrato de construcción de dos tramos de la Carretera Interoceánica a Brasil.

Según la prensa local, la fiscalía considera que es necesario encarcelarlos por la gravedad de los delitos que se les imputan, de colusión para defraudar al Estado y lavado de activos, con el agravante de que integraban “una organización criminal internacional” encabezada por Odebrecht.

El abogado Luis Lamas, al analizar el caso, señaló que la prisión preventiva corresponde, teniendo en cuenta que por el mismo caso se ordenó igualmente 18 meses de encierro para Toledo, aunque este se encuentra prófugo y cobijado en Estados Unidos.

El exprocurador Christian Salas añadió que la drástica medida se justifica además porque, también por una investigación por lavado de activos, el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, están sometidos a prisión preventiva desde julio pasado.

La participación de las socias peruanas, que aportaron 15 de los 20 millones de la coima pagada a Toledo, fue revelada a fiscales peruanos por el exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata.

A ello la fiscalía agrega documentos firmados por los investigados, las actas de las reuniones del consorcio y diversas auditorías realizadas desde marzo pasado.

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Mario Mongilardi, declaró que, si Odebrecht y sus socias han cometido alguna irregularidad, quienes deben ser enjuiciados son los ejecutivos responsables y no las empresas.

Añadió que si se penaliza a las empresas estas quebrarán y “no se culminarán las obras pendiente, no se les podrá cobrar una reparación para el Estado y los perjudicados seremos los peruanos'.

Por su parte, la procuraduría estatal del caso Odebrecht solicitó que las empresas involucradas en la coima a Toledo sean terceros civiles responsables por los daños causados al Estado peruano y paguen al Estado 200 millones de soles (más de 62 millones de dólares) como reparación.