Bruselas, 7 dic (RHC) El presidente depuesto de Cataluña,  Carles Puigdemont,  descartó cualquier posibilidad de volver a España, a pesar de la decisión de anulación de la orden de arresto por el Tribunal Supremo Español. 

En una rueda de prensa desde el hotel Husa President Park, de Bélgica, Puigdemont declaró ante los medios de comunicación, en compañía de cuatro exconsejeros catalanes: Clara Ponsatí, Lluis Puig, Toni Comín y Meritxell Serret  la orden de arresto “era una causa política y ante la evidencia de que iban a salir derrotados en la batalla legal en los tribunales belgas, recularon (...) tienen miedo de la mirada del mundo, empiezan retirando la euroorden y acabarán retirando el 155”, apunta Telesur. 

Pero a pesar de que las autoridades españolas retiraron el lunes la orden de arresto internacional para que su caso esté únicamente bajo la jurisdicción de España, Puigdemont aseveró que “por el momento nos quedaremos aquí”, luego de evitar el largo proceso de extradición a través de los tribunales belgas. 

Al ser consultado sobre una fecha exacta de su retorno, Puigdemont respondió que “tenemos que considerar cuidadosamente tal decisión antes de tomarla”, alegado que esperaba regresar si era electo miembro del Parlamento catalán, pero no estaba seguro si sus derechos iban a ser respetados o simplemente iba a ser arrestado y puesto bajo custodia. 

El expresidente catalán declaró la región noreste de Cataluña una República independiente el 27 de octubre pasado lo que llevó al Gobierno central, en Madrid, a imponer un gobierno directo sobre la jurisdicción del gabinete regional y despedir a la administración que promovía la independencia. 

Tras este escenario político Puigdemont y los cuatro exconsejeros viajaron a Bruselas para escudarse de las decisiones políticas de los tribunales españoles, mientras que otros miembros del gabinete catalán están bajo custodia en una cárcel de Madrid, hasta que se aclare su papel en la organización del Referendo independentista. 

Puigdemont y los demás miembros del Gabinete enfrentan cargos de rebelión, sedición, mal uso de fondos públicos, desobediencia e incumplimiento de confianza.