Lima, 18 dic (RHC) El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, designó un nuevo jefe del Ejército a tres días de una sesión del parlamento que puede destituirlo por 'incapacidad moral permanente' y recibió el apoyo de los empresarios.

Un decreto firmado en Lima por Kuczynski y por el ministro de Defensa, Jorge Nieto, nombró al general César Augusto Astudillo Salcedo como titular del Ejército, en vez del general Luis Ramos Hume, quien pasó al retiro reglamentario al cumplir 40 años de servicio.

Al mismo tiempo en la nación peruana crecen las posiciones que sin dejar de cuestionar a Kuczynski porque hizo negocios indirectos con la empresa brasileña Odebrecht siendo ministro del gobierno neoliberal de Alejandro Toledo y lo ocultó, denuncian que su destitución es un paso más del partido derechista Fuerza Popular para controlar el Estado desde su mayoría parlamentaria.

En ese sentido, la congresista fujimorista Úrsula Letona negó las denuncias de que su partido ejecuta un golpe parlamentario usando su mayoría parlamentaria para someter a los órganos de justicia a fin de proteger a Keiko Fujimori de una investigación del Ministerio Público por lavado de activos y controlar todo el Estado.

La jerarquía católica peruana manifestó hoy su preocupación por la grave crisis política peruana que tiene al presidente, Pedro Pablo Kuczynski, al borde de la destitución y bajo amenaza a altas autoridades del sistema de justicia.

Un comunicado de la Conferencia Episcopal se distancia de los criterios que sostienen que la crisis se limita a la situación que ha llevado al mandatario a la posible vacancia por “incapacidad moral permanente”, debido a relaciones entre una empresa de su propiedad y la firma brasileña Odebrecht, que él negó.

Añade que en esta hora crucial para el país “está en juego la vigencia del orden democrático y del estado de derecho”, por lo que a los obispos les preocupa, como a toda la sociedad peruana, “el debilitamiento de la institucionalidad en los poderes del Estado y la corrupción'.

Señala como ingredientes de la crisis 'el cuestionamiento a la Fiscalía de la Nación, al Tribunal Constitucional y a la misma Presidencia de la República”.

Al respecto, reitera que “La Iglesia defiende la institucionalidad, así como la división de los poderes del Estado. Esta división es el principio del estado de derecho, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres”.

La declaración plantea que la raíz de esta crisis se encuentra en la corrupción política que califica como una de las más graves deformaciones del sistema democrático, “porque traiciona al mismo tiempo los principios de la moral y las normas de la justicia social”.

Llama al diálogo y a la prudencia y a detener todo indicio de abuso de poder y respetar la autonomía y el equilibrio de los poderes del Estado, en medio de denuncias de que el partido derechista Fuerza Popular (FP), mayoritario en el parlamento, pretende extender su poder para someter a todo el Estado.