Buenos Aires, 15 ene (RHC) La líder social argentina Milagro Sala cumple este martes dos años de haber sido arrestada injustamente por el Gobierno de ese país.

La diputada del Parlasur afirmó que aún no entiende por qué fue encarcelada y resaltó que ha perdido la confianza en la legitimidad de la justicia argentina.

"En algún momento hemos creído en la justicia, pero no, la verdad es que la justicia la armaron para ellos", en referencia al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y al presidente Mauricio Macri.

La activista indígena agregó que se encuentra profundamente triste por su encierro, aunque tenga derecho a visitas vigiladas.

"Fueron días de tristeza. Estuve muy triste al principio por no poder entender por qué estaba presa. Si nosotros trabajamos siempre (...) para construir dignidad. No entendía al principio tanto ensañamiento contra mí, contra la Tupac", subrayó Sala durante una entrevista ofrecida a un medio local.

"No es ninguna domiciliaria, es un traslado de cárcel a cárcel", describió Sala el arresto domiciliario que cumple gracias al dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Esta medida la cumple bajo estricta vigilancia, con más de 24 cámaras y al menos 26 gendarmes a las afueras de la residencia que comparte con su esposo, el también líder Raúl Noro, en El Carmen, Jujuy.

También destacó que la situación de su pueblo es lamentable y que la gobernación de Morales solo se ha dedicado a mentir y utilizar a los jujeños, quienes enfrentan una situación insostenible.

Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 en su residencia ubicada en la capital de la provincia de Jujuy (Argentina) tras un allanamiento. Fue trasladada a la comisaría de la Mujer bajo una orden del juez Raúl Gutiérrez y fue imputada por supuesta “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real".

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, decretó antes de su arresto que las organizaciones sociales que no se reempadronaran perderían sus beneficios y su personería jurídica. Sala y representantes de otras organizaciones se opusieron a esta disposición.

Un nuevo ataque contra la líder social se suscitó el pasado 4 de enero cuando la Justicia de Jujuy retomó una vieja denuncia contra la dirigente indígena por supuesto lavado de activos y ordenó 21 allanamientos en distintas propiedades, una de ellas la vivienda de Sala, donde realizaron excavaciones, bajo el pretexto de buscar dinero enterrado.