Brasilia, 15 ene (RHC-PL) La presidenta nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT), Gleisi Hoffman, afirmó que el próximo juicio al ex primer mandatario Luiz Inácio Lula Da Silva es la continuidad de la ruptura democrática iniciada en 2016.

Durante una intervención en un acto público, la dirigente partidista destacó que esta sería la tercera fase del golpe de Estado al sistema democrático y recordó que la primera fue la salida de Dilma Rousseff del Palacio de Planalto.

Señaló como segunda fase la anulación gubernamental de los derechos conquistados por los trabajadores 'y ahora quieren borrarle al pueblo brasileño el derecho de elegir nuevamente a Lula como presidente'.

El exgobernante será juzgado en segunda instancia el próximo 24 de enero. El caso se refiere a la primera condena del juez Sérgio Moro, responsable de la Operación Lava Jato en Curitiba, Paraná.

Cualquiera que sea el resultado, opinan los especialistas, será un momento de definición para la política en 2018 y los próximos años, reseña un portal digital brasileño.

Si Lula es condenado -dicen-, dos cuestiones se apreciarán en el ámbito político nacional. Una: desde que el Supremo Tribunal Federal (STF), contrarió la Constitución y fue favorable al cumplimiento de la pena tras prisión en segunda instancia, existe la posibilidad de que Lula sea arrestado.

La segunda cuestión: una eventual condena por el Tribunal Federal Regional, sin embargo, no le impedirá al exjefe de Estado registrar su candidatura presidencial y recurrir a instancias superiores, como el Tribunal Superior Electoral y el propio STF.

Por su parte, Gisele Cittadino, profesora de la Pontificia Universidad Católica (PUC), de Río de Janeiro, e integrante del Frente Brasil de Juristas por la Democracia, al resumir la situación política y legal de Lula, subrayó que 'este golpe, para consolidarse como tal, va a tener que suspender el proceso electoral de 2018. Porque aunque sea condenado aquí, él expresidente sigue como candidato [al menos] hasta el 15 de agosto', dijo.

Para el excanciller Celso Amorim, si Lula es impedido de disputar las elecciones a raíz del juicio por el TRF, el 24, 'el evento tendrá graves consecuencias en el país, y posiblemente más allá de nuestras fronteras, porque sería una forma de agresión contra la democracia en América Latina.

Entonces Brasil enviará otro signo negativo, pese al peso indubitable que tiene repercusiones para el bien o el mal en los países vecinos', acotó Amorim.

'No quiero hacer razonamientos simplistas, pero creo que Moro y otros magistrados están usando sus posiciones para perseguir a líderes progresistas, aseguró el excanciller.
 

Lula Da Silva es juzgado porque 'presumiblemente' recibió un apartamento tríplex en Guarujá, estado de Sao Paulo, de manos de la compañía brasileña OAS como parte de un soborno.