Washington, 12 feb (RHC) El Senado estadounidense comenzará este lunes a discutir la implementación de cambios en la seguridad fronteriza y el sistema migratorio del país.

El debate pudiera durar toda la semana e incluso mucho más, teniendo en cuenta la complejidad del tema y la falta de un adecuado nivel de consenso.

En las negociaciones se confrontarán varias propuestas para una solución de compromiso respecto a los inmigrantes llevados por sus padres al país norteño de forma irregular cuando eran jóvenes.

El presidente Donald Trump puso fin a ese plan denominado Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que dio alivio a más de 700 mil integrantes de ese grupo etáreo pues la iniciativa les permitía trabajar y asistir a las escuelas.

Trump dio de plazo al Congreso hasta el 5 de marzo para aprobar un texto sobre el tema o de lo contrario esas personas corren el riesgo de ser deportadas.

Al respecto, el jefe de despacho de la Casa Blanca, John Kelly, informó el fin de semana que el mandatario no extenderá la mencionada fecha límite y advirtió a los legisladores no posponerlas.

Para que una de las propuestas a discusión pase la prueba de la Cámara alta tendrá que tener el apoyo de al menos 60 senadores, con el fin de evitar acciones dilatorias, mientras las diferentes facciones intentan determinar las iniciativas que llevarán como banderas y en qué momento las presentarán.

Los demócratas están discutiendo desde hace varios días una estrategia para las negociaciones sin llegar a una decisión definitiva, señala este lunes el diario The Hill.

La base para el debate será un plan de Trump para la reforma del DACA, un paquete sobre el reforzamiento de la seguridad fronteriza, cambios en la lotería de visas y la cadena migratoria basada en los lazos familiares, así como un marco legal el cual daría la posibilidad de acceder a la ciudadanía a casi dos millones de inmigrantes.

Sin embargo, el jefe de Estado exige que el Capitolio se pronuncie acerca de un incremento sustancial de las acciones represivas contra los indocumentados en toda la nación y la aprobación de unos 23 mil millones de dólares para enmendar las vulnerabilidades en las fronteras del país.

Los legisladores siguen divididos en cuanto al destino de los padres de los “soñadores”, la mayoría de los cuales llevan muchos años en el país, han conformado familias, tienen empleos y mantienen una actitud responsable ante las leyes norteamericanas. (Fuente:PL)