Montevideo, 1 mar (RHC) La Central Única de Trabajadores de Uruguay rechazó la decisión de su gobierno de acompañar la moción de la OEA,Organización de Estados Americanos, que solicita un nuevo calendario electoral en Venezuela.

En un comunicado, el Secretariado Ejecutivo del movimiento sindical, consideró que ese pedido “es una injerencia inadmisible” y pidió se respete el principio de autodeterminación de los pueblos.

Subrayó que con esta acción queda demostrado, una vez más, el “ataque sistemático” hacia la República Bolivariana de Venezuela por algunos países de la región y desde la OEA.

La principal central obrera uruguaya señaló que mientras ello ocurre “tenemos países en el continente donde se vulneran los derechos humanos y políticos sistemáticamente” y ni se les nombra, como son los casos de Brasil, Colombia y Honduras.

Esta declaración se suma a otras de partidos políticos y organizaciones sociales uruguayos que censuraron la resolución de la OEA apoyada por 19 países latinoamericanos y rechazaron la postura del gobierno uruguayo.

“Como uruguayos, subrayó, sentimos vergüenza de la retrógrada conducta oficial de nuestro gobierno, respecto a las elecciones de abril en Venezuela”, expresó el documento.

Por su parte, el Movimiento Nuevo Perú (MNP) planteó a la OEA su rechazó a la exclusión de Venezuela de la VIII Cumbre de las Américas en Perú y a las amenazas de intervención de Estados Unidos en ese país.

Tal posición fue comunicada ayer en Lima a Luis Almagro, secretario general de la OEA, en una reunión solicitada por este, reveló a Prensa Latina el secretario general del MNP, Álvaro Campana. En la cita participaron Campana y el parlamentario del MNP Alberto Quintanilla, quienes le señalaron a Almagro que Venezuela no debe ser excluida de la cita como pretende el gobierno peruano, en contra de la tradición diplomática de esta nación.

Ambos señalaron que el presidente Pedro Pablo Kuczynski usa políticamente la Cumbre para desviar la atención de los problemas nacionales, como su posible destitución parlamentaria por indicios de corrupción.

“Solo así se explica la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores de negar la entrada al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contraviniendo el artículo 132 de la propia carta de la OEA y rompiendo la tradición de respeto a la soberanía Latinoamérica que caracteriza a nuestra cancillería”, añadió.

Según Campana, el MNP planteó que la Cumbre, prevista para realizarse en abril, debe propiciar en cambio el diálogo sobre la situación en ese país y en otros como Honduras, México y Colombia, donde a diario se asesina a líderes sociales y la población sufre violencia oficial y vulneración de sus derechos.

Almagro alegó que el retiro de la invitación a Maduro fue una decisión del gobierno peruano, aunque los críticos de la medida anotan que Almagro visitó Lima días antes de la misma, se entrevistó con Kuczynski y la canciller Cayetana Aljovín, y por supuesto hablaron de Venezuela.

En la entrevista, el MNP fijó su posición sobre la citada cumbre y “rechazamos al Grupo de Lima por su carácter parcializado y porque plantea para Venezuela una salida intervencionista que solo ahondará la violencia y los padecimientos del pueblo venezolano”.

Tras la reunión con Almagro, el MNP emitió un comunicado en el que plantea que “la solución a la crisis en Venezuela compete a los venezolanos y todo aporte de la comunidad internacional debe ser por una salida democrática y de paz que acerque las partes en conflicto y no exacerbe la confrontación”.

“El Movimiento Nuevo Perú se reafirma en la defensa del diálogo y el rechazo a toda amenaza intervencionista política o militar por parte de Estados Unidos”, agrega la declaración.

Los dirigentes peruanos, según Campana, reafirmaron su posición en defensa de los derechos humanos, la democracia y el derecho de los pueblos a autodeterminarse y elegir su propio camino para lograr la paz.

Además, manifestaron su preocupación por el hecho que la Cumbre de las Américas se realice en Perú, porque el gobierno anfitrión carece de legitimidad para hablar de corrupción.

Para el MNP, “será un contrasentido que un presidente involucrado en graves hechos de corrupción sea anfitrión de una Cumbre destinada a plantear propuestas para afirmar la gobernabilidad democrática contra ese problema”.