El aviso fue lanzado este sábado por los secretarios generales de Comisiones Obreras (CC.OO.), Unai Sordo, y de la Unión General de Trabajadores (UGT), José Álvarez, durante una multitudinaria manifestación en Madrid para reivindicar unas pensiones dignas.

A juicio de los líderes de los dos sindicatos mayoritarios de ese país europeo, si Rajoy insiste en ignorar el clamor ciudadano y no adopta medidas para fomentar un reparto más justo de la riqueza, provocará un estallido social y una creciente movilización.

España crece, pero esa renta no se distribuye entre la mayoría social, denunció Sordo, tras subrayar que los jubilados y la clase trabajadora están pagando todavía las políticas de austeridad aplicadas a partir de 2011 por la administración del derechista Partido Popular (PP).

Según Álvarez, no hay razón para no recuperar el poder adquisitivo de las prestaciones a los más de nueve millones de jubilados, y que éstas vuelvan a la senda que Rajoy modificó de manera unilateral en 2013 al desligar su subida de la evolución de la inflación.

Con el apoyo de la oposición, el sindicalismo demanda que las pensiones aumenten al ritmo de la inflación, que cerró 2017 en 1,2 por ciento, máxime en un país donde el Producto Interno Bruto trepó por encima del tres por ciento en los últimos tres años.

Por quinto año consecutivo la derecha gobernante quiere subir esa paga un 0,25 por ciento, una cantidad de entre dos y seis euros que los beneficiarios califican de ridícula.

La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, convocante de las movilizaciones, demandó al gobierno de Rajoy proteger las jubilaciones mediante una reforma de la Constitución, ante el temor de una privatización encubierta del sistema público.

Imágenes similares a la de Madrid, con decenas de miles de personas en las calles, se repitieron en Barcelona, Sevilla, Valladolid, Castellón, Santander, Zaragoza, Toledo, Palma de Mallorca, Alicante, Murcia, Mérida, Badajoz y Cáceres, entre otras ciudades.