Río de Janeiro, 2 abr (RHC) El ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, podría ingresar a partir de este miércoles en prisión si el Supremo Tribunal Federal deniega un recurso extraordinario contra su condena por corrupción.
Si la instancia judicial acepta el 'habeas corpus de Lula, quien ya fue condenado en segunda instancia por corrupción, podrá seguir apelando a su condena en libertad. Pero si la Corte lo deniega, presumiblemente ingresará en prisión, pese a que aún le quedan recursos para presentar ante la Justicia en instancias superiores.
La decisión sobre un posible encarcelamiento dependerá del momento en que el tribunal de apelación que condenó a Lula en enero pasado dé el caso definitivamente por cerrado en segunda instancia. Eso podría ocurrir en cualquier momento tras el fallo del Supremo Tribunal Federal.
Aunque la decisión sobre el 'habeas corpus' no afecta directamente a su posible candidatura en las elecciones presidenciales de octubre venidero, el posible encarcelamiento de Lula amenaza con generar un terremoto político, ya que el ex líder obrero, es actualmente favorito en los sondeos con hasta 36 por ciento del respaldo.
Por su parte, el ex presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva anunció que participará en Río de Janeiro en un acto en defensa de la democracia y por justicia para la asesinada defensora de los derechos humanos Marielle Franco.
Además de Lula, confirmaron su presencia en el encuentro los precandidatos presidenciales Manuela D’Ávila, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), y Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), así como el diputado estadual carioca Marcelo Freixo, también del PSOL.
El acto de este lunes, según el periódico Brasil de Fato, defenderá también el derecho de Lula a figurar como candidato en las elecciones de octubre próximo y servirá igualmente para protestar contra la condena a 12 años y un mes de cárcel del fundador del Partido de los Trabajadores (PT).
Según abogados de la defensa, Lula es víctima del denominado “lawfare”, consistente en el uso de recursos jurídicos para la eliminación de adversarios políticos.
El 20 de marzo último, una semana después del cruel asesinato a tiros de Marielle Franco junto con el conductor del vehículo en que viajaba, Anderson Gomes, más de 30 mil personas participaron en una manifestación para reclamar justicia por la concejala del PSOL y destacada luchadora por los derechos humanos.
Entre los manifestantes estuvo el ex canciller petista Celso Amorim, quien en declaraciones a la propia publicación consideró llegado el momento de unir los distintos sectores de las fuerzas progresistas.
La ejecución política de Marielle es aún más indignante en este contexto de “un estado bajo intervención militar”, dijo en referencia al decreto emitido a mediados de febrero de este año por el presidente Michel Temer, poniendo bajo el mando de dos generales del Ejército la seguridad pública en Río de Janeiro.
En una nota difundida la semana pasada, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) consideró “profundamente alarmante” el asesinato de Marielle, una mujer negra y prominente defensora de los derechos humanos que criticó el uso de la fuerza militar en Río de Janeiro, acotó.
El crimen, subrayó el organismo internacional, tiene como objetivo intimidar a todos aquellos que luchan por los derechos humanos y por el Estado de derecho en esta nación.
Los relatores de la ONU pidieron a las autoridades realizar una investigación rápida e imparcial de las ejecuciones de Anderson Gomes y Marielle Franco y remarcaron que esta última “será recordada como símbolo de resistencia para las comunidades históricamente marginadas en Brasil”.
