Washington, 17 abr (RHC) La Corte Suprema estadounidense anuló una disposición de la ley federal que exige la deportación obligatoria de inmigrantes condenados por algunos delitos de violencia, al tildarla de inconstitucionalmente vaga.

La decisión es considerada un golpe para el Departamento de Justicia, pues podría limitar la capacidad de la administración del presidente Donald Trump de intensificar la expulsión del país de inmigrantes con antecedentes penales.

El caso que dio lugar al fallo, Sessions contra Dimaya, surgió durante el Gobierno de Barack Obama (2009-2017), pero fue observado de cerca para ver cómo actuarían los jueces ante el impulso general del ejecutivo de limitar la inmigración y, al mismo tiempo, aumentar las deportaciones, indicó CNN.

James Garcia Dimaya, originario de Filipinas, fue admitido como residente legal en Estados en 1992 cuando tenía 13 años, y en 2007 y 2009 fue condenado por robo residencial en California.

En 2010, el Gobierno de Obama presentó un proceso de deportación en su contra, cuando un juez consideró que era removible del país debido a sus dos sentencias en un tribunal estatal, al valorar que calificaban de 'delito grave con agravante', en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Los abogados de Dimaya se opusieron a la remoción al esgrimir que equiparar delitos graves con violentos era inconstitucionalmente vago y su cliente nunca tuvo un aviso justo sobre una posible deportación, tras lo cual el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito falló en 2015 a favor del filipino.

Ahora la Corte Suprema confirma esa decisión previa al estimar que el apartado de la Ley de Inmigración y Nacionalidad generó incertidumbre sobre qué delitos pueden considerarse violentos, lo que representa un riesgo de aplicación arbitraria.

De ese modo, la resolución del principal tribunal del país ayuda a esclarecer los actos criminales por los cuales los inmigrantes legales pueden ser expulsados. (Fuente:PL)