Madrid, 3 may (RHC) El parlamento de Cataluña comenzará a analizar este jueves una modificación de la Ley de la Presidencia de la Generalitat (gobierno autonómico), pensada para permitir una investidura a distancia del líder secesionista Carles Puigdemont.

La reforma de esa normativa, impugnada por las llamadas fuerzas constitucionalistas, es promovida por Junts per Catalunya (JxCat), coalición conservadora dirigida por Puigdemont, quien aguarda en Alemania su posible extradición a España, precisa Prensa Latina.

El objetivo de JxCat es tratar de nombrar al depuesto mandatario a través de ese cambio de la legislación, a escasos 19 días de expirar el plazo para poder investir a un nuevo presidente en esa rica comunidad autónoma del noreste del país europeo.

Sin embargo, esa pretensión tropieza con el rechazo del Consejo de Garantías Estatuarias, órgano consultivo de la Generalitat, que en un dictamen no vinculante impugnó la polémica reforma, respaldada por la mayoría independentista de la cámara regional.

Además, el Tribunal Constitucional español, a petición del gobierno de Mariano Rajoy, suspendió la semana pasada la eventual candidatura de Puigdemont y emplazó a los miembros de la Mesa de la asamblea legislativa catalana a respetar la legalidad vigente.

Paralelamente, trascendió que el cesado gobernante citó a su grupo parlamentario para una reunión el próximo fin de semana en Berlín.

Del encuentro en la capital germana podría salir el aspirante a dirigir los destinos de la rica autonomía de 7,5 millones de habitantes, cuyas instituciones fueron intervenidas por Rajoy el 27 de octubre pasado, a raíz de la declaración unilateral de independencia.

Interrogado sobre la posibilidad de que JxCat proponga como opción para la presidencia a su portavoz en el parlamento catalán, Elsa Artadi, el adjunto a la presidencia de Esquerra Republicana de Cataluña, Pere Aragonés, no puso ninguna objeción.

Desde hace semanas, Artadi es una de las principales apuestas de los sectores cercanos al defenestrado líder separatista, al estar libre de causas judiciales que impidan su ascenso a la Generalitat.

Una alternativa que, sin embargo, no es bien acogida en las filas del derechista Partido Demócrata Europeo Catalán, integrado en JxCat, con cuya dirección la cercana colaboradora de Puigdemont no mantiene buenas relaciones.

De los 25 políticos procesados por el Tribunal Supremo de España, 13 están acusados de los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos por su papel en el referendo de autodeterminación del 1 de octubre y la ulterior proclamación de una República catalana.

Nueve de esos 13 se encuentran en prisión preventiva y cuatro en el exilio, entre ellos Puigdemont, quien espera en Alemania su posible traslado a Madrid en virtud de la euroorden de extradición cursada en marzo por el alto tribunal.

(Prensa Latina)